El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado la financiación y actuaciones de la edición 2018 del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, diseñado para el periodo comprendido entre 2016 y 2019. La nueva anualidad del plan cuenta con un montante de más de 59,6 millones para atender a unas 168.000 personas, toda vez que las fuerzas de oposición han achacado al Gobierno provincial que la institución haya reducido en 934.000 euros sus aportaciones y los socialistas han tachado de "ridículas" las asignaciones del Estado, que se reducen a un "0,57 por ciento".
La diputada provincial de Cohesión Social, Lidia Ferrera, ha sido la encargada de pormenorizar los aspectos de la nueva edición del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, que reúne las actuaciones y servicios promovidos en materia social en los 88 municipios sevillanos con menos de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (ELA).
Se trata, así, de los servicios sociales comunitarios, el servicio de ayuda a domicilio que se presta en los municipios, el programa de tratamiento familiar, la red de centros de drogodependencias, el servicio de asesoramiento a inmigrantes, el plan de desarrollo gitano o las ayudas económicas familiares y las subvenciones por emergencia social, principalmente.
Mediante el paquete económico asignado a este plan, la prestación de estos servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cubiertos por la Diputación en esta materia, cuentan con algo más de 59,6 millones de euros. Más al detalle, los servicios sociales comunitarios prestados en los municipios cuentan con 52,35 millones de euros entre los que destacan casi 33 millones asignados al servicio de ayuda domiciliaria, mientras los servicios sociales especializados cuentan con 5,85 millones y las medidas y servicios de igualdad de género cuentan con 1,39 millones de euros.
En cuanto a la financiación, Ferrera ha precisado que la Junta de Andalucía aporta 29,32 millones, la Diputación algo más de 24 millones, los ayuntamientos 5,85 millones y el Ministerio de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 339.337 euros.
Gracias a todo este montante, prácticamente el mismo que en 2017, los mencionados servicios y programas sociales prestados en los municipios sevillanos menores de 20.000 habitantes y las dos ELA de la provincia contarán con un total de 3.918 profesionales en la materia, siete más que el año pasado. Destacan entre ellos las 3.487 personas contratadas para la ayuda domiciliaria en los municipios menores de 20.000 habitantes.
IMPACTO EN EL EMPLEO
También en materia de contratación figuran los 4.182 contratos temporales previstos de nuevo este año en el marco del Plan de Emergencia Municipal (PUM), incluido en este plan provincial y destinado a contrataciones eventuales entre personas en riesgo de exclusión social.
Después de que Ferrera defendiese todos estos detalles, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, ha reconocido las actuaciones planificadas, aunque ha avisado de que en materia de financiación, la Diputación aporta este año "casi un millón menos" que en 2017, extremo "compensado" al crecer las aportaciones de la Junta y los ayuntamientos.
La portavoz de IU, Engracia Rivera, ha precisado que la aportación de la Diputación a este plan se reduce en 2018 un total de "934.000 euros", augurando además que los ayuntamientos aportarán finalmente más de los 5,85 millones previstos. Además, Rivera ha atisbado una "carencia" de recursos para los programas de igualdad y lucha contra la violencia de género.
La popular Isabel Díaz ha criticado también que la Diputación "baje" sus aportaciones al plan mientras los fondos procedentes de los ayuntamientos "vuelven a subir". Del mismo modo, ha criticado la "congelación" económica que sufren programas como el PUM, de prevención de la violencia de género o de ayudas frente a situaciones de emergencia social. "Los servicios sociales se mantienen, pero no es un plan ambicioso", ha aseverado.
LA RESIDENCIA DE CAZALLA
Por último, y secundando una mención previa de Engracia Rivera, ha lamentado que la Diputación esté "desaprovechando" la antigua residencia de personas mayores de Cazalla de la Sierra, cuyas instalaciones han sido reconvertidas en centro multifuncional después de que sus usuarios fuesen reubicados en 2015.
Ante estas críticas, Lidia Ferrera ha defendido que "difícilmente pueden aumentar" los fondos asignados a los programas del mencionado plan, cuando el Estado reduce sus aportaciones a una cifra "ridícula" que sólo alcanza el 0,57 por ciento de la financiación total de las actuaciones. "Se mantienen todos los programas", ha enfatizado la diputada de cohesión social.
Así las cosas, la edición 2018 de este Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad ha sido aprobada con el único respaldo del Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta, el voto contrario de IU y la abstención del PP, Ciudadanos y Participa.
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