El Ayuntamiento de Sevilla no ha recibido aún ninguna carta oficial ni advertencia de ser intervenido por parte del Ministerio de Hacienda y rechaza su inclusión en una lista de veintidós grandes corporaciones locales y/o provinciales que serán apercibidas por incumplir el plazo legal máximo de pago a proveedores, fijado en 30 días en la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.
Al Ayuntamiento se le atribuye una deuda de 42,1 millones y una demora media en los pagos de 62 días, según la relación del Ministerio, de la que se ha hecho eco El País.
Un portavoz del gobierno de Espadas afirma que no se trata de un problema generalizado en todas las facturas, “sino de una serie de ellas, especialmente antiguas, que incrementan la media”, y que el pago en la mayor parte de las facturas está “normalizado por debajo del límite legal”.
Según la corporación, Sevilla cumple actualmente con la normativa en materia de saneamiento, deuda y regla de gasto, y el desvío en el pago a proveedores es de tan sólo un día y medio.
Afirma el Ayuntamiento que las medidas adoptadas están dando sus frutos, por lo que “no hay motivo alguno para la amenaza” de Hacienda.
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