El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la propuesta de IU en la que se pedía instar a la Junta de Andalucía a incluir en los presupuestos del próximo año partidas para atender diversas necesidades de la ciudad que ya habían sido recogidas con anterioridad en mociones plenarias y aprobadas por la corporación sevillana.

De este modo, la moción recoge instar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a que incluya para 2018 los fondos necesarios para recuperar los proyectos de escuelas taller de Alcosa, Sur, Miraflores, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y San Pablo y los talleres de empleo de Polígono Sur, Torreblanca, Norte, Amate; así como instar a la Consejería de Salud a que dote los nuevos centros de salud de Pino Montano y Cerro-Amate.

Igualmente, se insta a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a poner en marcha un Centro de Participación Activa en el edificio de Andalucía Residencial de Sevilla Este y aumentar el número de talleres y a la Consejería de Fomento y Vivienda se solicita un aumento de los fondos destinados para los planes de rehabilitación de viviendas en Alcosa.

Al respecto, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha advertido de que los presupuestos planteados por la Junta para 2018 "no responden a las necesidades sociales de Andalucía ni rompen la brecha de pobreza". Defiende la moción planteada este lunes por su partido, que recoge "las reivindicaciones que ya se han ido aprobando en sesiones plenarias municipales anteriores" y que entiende que la Junta ha de incluir en los presupuestos del próximo año.

El delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE), ha señalado que la moción trata de reunir los acuerdos plenarios en los que el Ayuntamiento "debería estar en conversaciones con la Junta y está siendo así", recalca.

Así, explica que se está avanzando con las escuelas taller, cuyas instalaciones tienen que tener unos estándares en los que se trabaja; con los centros de salud, donde el centro de Pino Montano A está en fase de licitación del proyecto y el que se pide en el Cerro del Águila se está en el cambio de uso de la parcela en la que irá; el Centro de Participación Activa de Sevilla Este se ha normalizado y lo pondrá en marcha el Ayuntamiento con fondos propios; mientras que en los bloques de Alcosa "se está trabajando seriamente". "En ello estamos", concluye Flores, ante lo que Rojas le ha "tomado la palabra", esperando que se cumplan los compromisos.

De su lado, el concejal del PP Alberto Díaz afirma que la propuesta muestra la "falta de compromiso y de apuesta política de la Junta de Andalucía por la ciudad". "Parece mentira que la presidenta andaluza, Susana Díaz, haya ocupado un escaño en este salón, porque no recuerda las necesidades de la ciudad", añade, tras poner en valor las enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos regionales.

El edil de Participa Julián Moreno ha criticado que el PSOE, en Andalucía y en Sevilla, "se sube al carro de que bajar impuestos es bueno" y "no ejecuta sus propias leyes". Además, ha señalado que se esperaba que estando Espadas en Sevilla la Junta favoreciera la financiación de actuaciones, pero "no ha sido así".

BONO SOCIAL

El Pleno ha aprobado, además, la moción de IU en la que se pide instar al Estado a que se redefina, con criterios profesionales y sociales, la condición de vulnerabilidad de las familias, incluyendo procesos de exclusión no contempladas como las de monoparentalidad o soledad y otras; además de que se incluyan en el Bono Social otras energías que también son susceptibles de cortes para los hogares vulnerables como el gas.

Estos puntos han contado con el apoyo de IU, Participa y PSOE y con la abstención de PP y Cs, al igual que el punto relativo a instar a que la norma parta de una visión de cobertura social plena en lugar de una visión "puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas".

Por otro lado, ha sido rechazado, al contar con el apoyo de PSOE, Participa e IU, pero con el voto contrario de PP y Cs, el instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean financiados por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. "Se trata de que los 300 millones de costo de este proyecto no sean abonados por las administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales", indicaba IU.