La juez de Instrucción número 10 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral contra dos agentes de la Policía Local por su presunta relación con el expolio de las instalaciones de la isla de la Cartuja que, hasta mediados de 2012, albergaban dependencias de la Policía Local y que el Ayuntamiento hispalense vendió a la firma Detea.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Pilar Ordóñez abre juicio oral contra dos policías locales --un intendente y un agente--, el cuñado de un agente, dos trabajadores municipales con funciones de electricista y cuatro operarios de una chatarrería, tal y como adelanta este lunes 'Diario de Sevilla'.
La juez, en este auto fechado el día 29 de septiembre, abre juicio oral contra estas nueve personas por presuntos delitos de hurto y daños e impone una fianza total a los procesados de 6.604 euros, con cantidades que oscilan entre los 300 y los 1.768 euros.
Asimismo, la magistrada declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sevilla "de las cuantías en concepto de indemnización en las que puedan ser condenados los empleados del mismo y acusados en este procedimiento".
LA FISCALÍA PIDE EL ARCHIVO
"De la relación existente entre los acusados empleados del Ayuntamiento de Sevilla, se desprende la presunta responsabilidad civil subsidiaria de éste último", argumenta la juez, que remite la causa a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
En este caso, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, renunciando en el mismo escrito a formular escrito de calificación, mientras que la empresa Prodetea, que ejerce la acusación particular, reclama una condena de dos años de cárcel y multa de 7.200 euros para cada uno de los nueve acusados.
El edificio en cuestión fue adquirido por la empresa Detea al Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2009 pero siguió albergando las instalaciones de la Policía Local hasta mediados de 2012.
El 25 de mayo de 2012, el personal de Detea visitó las instalaciones para evaluar si estaban en perfecto estado con el objetivo de estudiar si ubicar en ellas sus oficinas.
Días después, el 15 de junio, se firmó la entrega por parte del Ayuntamiento sin que hasta el 19 de junio los responsables de la empresa advirtieran del elevado estado de deterioro del inmueble, que según refleja un informe derivado de una inspección posterior, había sufrido el "desmantelamiento" de su equipamiento e instalaciones.
Detea, de cualquier modo, elevó los hechos a la Policía Nacional el 20 de junio de 2012.
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