Los despidos de siete trabajadores en 2015 por el Colegio de Arquitectos de Sevilla siguen enturbiando la vida interna de la institución colegial, ahora tras la sentencia del TSJA que confirma la indemnización de más de medio millón para dos de ellos y la previsible intención de la Junta de Gobierno actual de no recurrir en casación ante el Supremo, motivo por el que la anterior Junta de Gobierno y el arquitecto Enrique Soler en particular han exigido, en aras del interés del COAS, que se recurra la sentencia.
La crisis motivó el despido por causas económicas de siete trabajadores en 2015, respaldados por sentencias en primera instancia y ahora en el TSJA, pero a dos de ellos (arquitectos ambos) se les reconoció una indemnización de 615.463 euros, abonándose 119.604 euros en su momento. El COAS entendió entonces que la indemnización derivaba de cláusulas del ámbito mercantil, por lo que recurrió al TSJA, que ha confirmado la sentencia inicial, que obliga a pagar 495.858,89 euros más 190.000 euros por costas e intereses, según la comunicación “urgente” que emitió la Junta de Gobierno actual el pasado 17 de octubre.
Esta comunicación, en la que se cita no sólo estos despidos sino los dos disciplinarios que se produjeron posteriormente y que también han sido confirmados por el TSJA, cifra también “el coste de todos estos procedimientos” en 1,31 millones y cuestiona los avales bancarios solicitados por la anterior Junta de Gobierno -presidida por Ángel Díaz del Río-, informando de las negociaciones -infructuosas- con los dos demandantes para intentar llegar a un acuerdo y de la intención de convocar una Asamblea General en la que se informe de toda la documentación.
La Junta de Gobierno anterior ha reaccionado con un escrito dirigido -y registrado- al Colegio Oficial de Arquitectos en la que insta a la actual directiva de la institución colegial a recurrir a en casación al Supremo, al entender que la jurisprudencia respalda sus tesis y no respaldaría el pago de esa indemnización de medio millón de euros, y que lo haga “en defensa de los intereses de la institución y de sus colegiados y no así por el particular interés de los dos compañeros afectados”.
No es el único escrito que cuestiona la posible decisión del COAS de no recurrir. El arquitecto Enrique Soler, a título personal y como comisionado que fue de los asuntos laborales del Colegio, ha publicado una Carta Abierta -que reproducimos en nuestra web- en la que le recuerda al COAS su “obligación” de defender los “intereses del colectivo”.
Soler, con un tono más directo y duro, acusa a la dirección actual de emitir una comunicación urgente con “omisiones y falsedades” con las que pretende “prefabricar una excusa para renunciar” a ese recurso para “proteger los intereses particulares de los dos trabajadores despedidos, deformando además la realidad hasta pretender hacer responsables de este dispendio a la antigua Junta de Gobierno”.
Recuerda Soler que el despacho Bufete Imagen, cuyos coste de 175.141 euros cuestiona la Junta actual, ya obtuvo una sentencia favorable por otros despidos “de más de un millón de euros” y reprocha a la actual decana, Cristina Murillo, que acudiera cinco días hábiles después de tomar posesión “sin acompañamiento jurídico propio y en nombre del COAS” a solicitar la suspensión de la lectura de la sentencia de dos despedidos disciplinariamente, favorable al COAS que acaba de hacerse pública.
Soler considera muy grave para el COAS “que pretendan renunciar, a favor de los de los trabajadores despedidos, al ejercicio del derecho que tienen todos los colegiados de Sevilla a que el Tribunal Supremo dicte una sentencia en coherencia jurídica con las ya dictadas por el mismo órgano”, y que en su opinión serían favorables al COAS, evitando el pago del medio millón en indemnizaciones y las costas judiciales.
Además, considerar nada casual que a la decana la acompañaran en su “pomposo evento” de toma de posesión cinco de los arquitectos despedidos, más los dos trabajadores expulsados por causas disciplinarias, y que uno de ellos sea miembro de la Junta de Gobierno, Soler considera verdaderamente preocupante y grave para la institución “que resulte evidente una falta de independencia y criterio en las personas que llevan el Colegio, que garantice la anteposición de los intereses generales de la profesión a los particulares”.
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