Izquierda Unida y la Marea Blanca de Sevilla han exigido a la Junta de Andalucía la urgente reapertura el antiguo Hospital Militar en Sevilla, que se mantiene cerrado trece años después de traspasarlo el Gobierno a la Junta.
La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida, Eva Oliva, ha mantenido una reunión con representantes de la Marea Blanca de Sevilla para analizar el "grave deterioro de los servicios de salud pública y para reforzar la colaboración y el trabajo de ambas organizaciones por una sanidad digna", ha informado en una nota.
Se ha comprometido a impulsar una moción al Pleno del Ayuntamiento donde se recoja esta reclamación y a promover un pronunciamiento unánime entre todos los grupos para exigir al Gobierno andaluz que incluya en sus presupuestos de 2018 las inversiones para este centro recupere su uso asistencial y hospitalario.
Según Oliva, en la reunión han compartido preocupación por la "crisis sanitaria que soporta Sevilla a causa de los recortes y las privatizaciones" y sobre todo han coincidido en la necesidad de que la Junta reabra cuanto antes el antiguo Hospital Militar.
A juicio de la concejala de IU, es "incomprensible" que la Consejería de Salud mantenga cerrado este centro, también conocido con el nombre de Vigil de Quiñones, cuando Andalucía permanece a la cola en número de hospitales, de médicos y de camas por habitante.
"No es de recibo que este equipamiento de referencia no sólo se encuentre abandonado sino que esté siendo desmantelado progresivamente por la Junta", ha denunciado Oliva.
Ha asegurado que la reactivación de este centro permitiría paliar muchos de los problemas de la sanidad pública en Sevilla como las dilatadas listas de espera, la saturación de las urgencias, la falta de camas hospitalarias o las insuficiencias en la atención primaria.
Con una superficie de 83.000 metros cuadrados, el Vigil de Quiñones contaba con cinco quirófanos, capacidad para 750 camas, helipuerto y la más novedosa tecnología cuando en 2004 el Ministerio de Defensa lo entregó a la Junta mediante la firma de un convenio del que también formaba parte el Ayuntamiento.
La administración autonómica pagó seis millones por el complejo y prometió abrirlo en dieciocho meses, tras unas obras previas de adaptación del edificio, pero trece años después sigue cerrado.
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