El alcalde de Arahal (Sevilla), Miguel Ángel Márquez (IU), ha publicado un bando en el que informa de la aplicación de un impuesto que tendrán que pagar todas las empresas que instalen castillos hinchables, con el de garantizar su legalidad y evitar sucesos como el de la pasada semana en Girona.
En el bando, el edil indica que la cantidad a pagar por las empresas será en función de sus metros cuadrados, 90 euros en el mayor de las instalaciones, con el matiz de que a la hora de pagarlo en el Ayuntamiento se deberá presentar toda la documentación que acredita la legalidad de la empresa en cuestión.
Así tendrá que presentar recibo y póliza vigente del contrato del Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio, certificado de cumplimiento y homologación y características técnicas del castillo, alta en la declaración censal y en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona física o jurídica propietaria de la instalación, entre otros documentos.
La delegada de Comercio del Ayuntamiento, Ana María Barrios, ha explicado que se trata de una tasa destinada "a recaudar, porque ese dinero no le merece la pena al Ayuntamiento, sino que estamos hablando de menores, y hay que garantizar lo más posible esta seguridad".
En este sentido, ha recordando que la seguridad de estas instalaciones "depende en gran medida de que los castillos estén homologados y llevado por profesionales y la actividad esté cubierta por un seguro de responsabilidad civil".
En este sentido, ha recordado el accidente sufrido por un niño de Arahal el año pasado en un castillo hinchable durante la celebración de una fiesta en pleno verano, cubierto por el seguro de responsabilidad civil de la empresa.
La medida, que ha generado cierta polémica en el municipio, se completará con vigilancia, ya que la Policía Local supervisará que no haya ningún castillo hinchable sin los permisos correspondiente, y si lo hay, "habrá expediente y la sanción correspondiente".
Por su parte, la Asociación de Mujeres Empresarias Progresa ha publicado un comunicado en el que expresa su apoyo a la medida, enfatizando que "estará siempre a favor de la legalidad, más cuando se trata de controlar una actividad que afecta a la seguridad de los menores".
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