El pleno del Ayuntamiento hispalense, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción de Participa, en demanda de la eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2017, bajo la premisa de que su contenido "imposibilita" a las administraciones la nueva "subrogación" de trabajadores contratados por las empresas adjudicatarias de servicios públicos, lo que se traduce en un bloqueo a la "municipalización o remunicipalización" de los servicios públicos.
La moción recuerda "los procesos de remunicipalización de los servicios públicos" promovidos por los llamados "ayuntamientos del cambio", es decir los consistorios gobernados por los partidos emergentes, porque la disposición adicional 27 del borrador de los PGE de 2017, aún pendiente de su correspondiente tramitación y debate parlamentario, recoge textualmente que las administraciones "no podrán considerar como empleados públicos (...) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".
También incluye esta disposición, según la moción, que en los supuestos en los que "en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas, "se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición" que limita la contratación pública.
"CLARA INTENCIONALIDAD POLÍTICA"
"Es evidente que lo que hace el Partido Popular es un ataque con la clara intencionalidad política de sabotear los procesos de remunicipalización ya iniciados, e imponer las privatizaciones aún
en contra de los intereses y derechos", señala la moción, que reclama eliminar la citada disposición adicional y la tasa de reposición que "limita la contratación pública por parte de las administraciones".
El concejal de Participa Julián Moreno ha defendido esta moción, avisando de que la disposición adicional 27 del vigente proyecto de PGE implica un "ataque a la autonomía municipal", con "normas adicionales" destinadas a "poner trabas a gestionar lo público desde lo público", porque "ningún alcalde va a remunicipalizar un servicio si no puede subrogar a los trabajadores" el mismo.
A colación de los servicios públicos externalizados, Moreno ha acusado al PP de políticas dirigidas a favorecer a sus "amigotes" y de ser "una banda criminal", en referencia a la operación 'Lezo' y sus conexiones con miembros del PP. "No queremos esa trama corrupta y no hace falta ir a Madrid, porque aquí también tuvimos el caso Fitonovo", ha enfatizado.
Desde IU-CA, Daniel González Rojas ha apoyado íntegramente la moción, defendiendo que los servicios municipales deben ser gestionados "de forma directa", entre otros aspectos para evitar trabajo "en precaria y condiciones casi esclavas". Rojas, además, ha alertado de que "el principal cómplice estatal de las políticas del PP es el PSOE".
LO PÚBLICO "A LA MÍNIMA EXPRESIÓN"
Los socialistas, de la mano de Joaquín Castillo, han apoyado también la moción, acusando al PP una estrategia para "reducir la administración local a la mínima expresión", propiciando "las externalizaciones. "Quieren estrechar lo público para ensanchar la actividad privada".
Después de que la moción prosperase con el voto a favor de Participa, IU-CA y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, Alberto Díaz, portavoz del PP, ha pedido a la presidenta del pleno, la edil socialista Carmen Castreño, que ante "acusaciones volátiles" al PP por la operación 'Lezo', llamase "al orden" al concejal de Participa Julián Moreno a cuenta de sus palabras, acusándola después el edil del PP Beltrán Pérez de "vulnerar la presunción de inocencia" al "justificar" a Moreno.
Aunque Castreño ha defendido su actuación de pedir al edil Moreno que hablase "no en términos generales de un grupo político, sino a los encarcelados que el juez ha acusado", la tensión entre ambos ha ido a más. Beltrán Pérez, así, ha insistido en que la presidenta del pleno ha "justificado" las acusaciones de Moreno. "Le pido que se vaya por vulnerar los derechos fundamentales y constitucionales de los ediles del PP", ha aseverado Beltrán Pérez, reclamando incluso que el alcalde, el socialista Juan Espadas, que tomase "cartas en el asunto", al entender que Castreño no es "imparcial" a la hora de dirigir el pleno.
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