La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha anunciado que reclamará por vía directa al Rectorado la creación de una comisión de investigación que pueda esclarecer los términos y consecuencias del caso del catedrático Santiago Romero, que ha sido condenado a siete años de prisión como consecuencia de los abusos sexuales y lesiones cometidos contra dos profesores y una becaria de investigación de la Facultad de Educación.
Así lo ha indicado a Europa Press el secretario de la Junta de Personal, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, que ha precisado que este paso se llevará a efecto después de que el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios denegara atender la petición en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la Hispalense.
Dicho comité se ha comprometido a empezar a trabajar durante el mes de febrero en la evaluación y propuesta de modificación de los procedimientos de atención y prevención de conductas que atenten contra la dignidad de las personas, incluido el protocolo de acoso.
Asimismo, el comité se compromete a "investigar y evaluar" las actuaciones realizadas hasta el momento para "implementar las mejoras que se estimen necesarias, escuchando muy especialmente la voz de estas tres mujeres que han sido víctimas de los hechos; y sin olvidar asimismo a la Facultad de Ciencias de la Educación en este proceso de evaluación y restablecimiento de los daños tanto personales como institucionales consecuencia de este caso".
Entre las propuestas presentadas al comité se cuentan la expulsión definitiva de Romero de la plantilla de PDI de la US y de su condición de funcionario, el cese inmediato del actual director del Departamento de Educación Física y el Deporte --ya dimitió el decano-- por no haber atendido adecuadamente a las tres víctimas; un homenaje oficial a las tres víctimas; la puesta en marcha de un Plan de Protección, Reparación y Reconocimiento a las Víctimas de Acosos y Abusos en la US; o acabar con el traslado de las personas denunciantes de servicio/departamento "como 'modus operandi' habitual en la US frente a las denuncias de acosos y abusos, en vez de ir a la raíz del problema".
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