Un total de 90 municipios andaluces, once de ellos de Sevilla, han incluido 472.978 inmuebles -109.038 inmuebles en nuestra provincia- en el Plan de Regularización Catastral, destinado a localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta en estos últimos años, según datos recogidos en el Boletín Oficial del Estado y recopilados por Impuestalia.
En el caso de Sevilla, se trata de inmuebles situados en las localidades de Alcalá de Guadaíra, Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, Estepa, Fuentes de Andalucía, Lora del Río, La Luisiana, Tomares, Villaverde del Río, Isla Mayor y El Cuervo.
Se trata de municipios que se han acogido al Plan aprobado por el Gobierno, destinado a localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta en estos últimos años, según explica la directora general de Impuestalia, Carmen Villa, que estima que pueden existir errores en la valoración del 7 % de los inmuebles.
Por provincias, se han incluido 12 municipios de la provincia de Almería, con 62.588 inmuebles, 9 de Cádiz con 13.964, 15 de Córdoba con 54.609, 11 de Granada con 52.728, 11 de Huelva con 29.170, 19 de Jaén con 130.145, 2 de Málaga con 20.736 y 11 de Sevilla con un total de 109.038 inmuebles revisados.
El fin es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria, en un procedimiento que se ha iniciado de oficio y será de aplicación durante todo el año 2017.
Villa ha concretado que se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, una estimación que apunta a que los propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones, por lo que los propietarios "deberían preocuparse de revisar la valoración propuesta".
"Pueden existir discrepancias con la valoración de la administración que supongan un beneficio, ahorro, para el titular del inmueble", explica la misma experta, que concreta que en términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.
Una vez finalizado el procedimiento los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia recibirán las correspondientes notificaciones de las propuestas de regularización, en un proceso que se prevé que esté terminado durante el próximo noviembre.
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