La Junta de Andalucía ha solicitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla, que el arqueólogo Fernando Amores testifique en la pieza separada de la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), para que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), sea suspendida a la espera de la resolución del litigio emprendido por el colectivo.
Según el escrito elevado por la Junta de Andalucía a la citada instancia judicial, encargada de la impugnación promovida por Adepa contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Sevilla al citado proyecto de rehabilitación y adaptación del monumento, Fernando Amores es "el arqueólogo que dirigió los trabajos de arqueología más importantes, por extensión y calidad, que se han hecho sobre las Reales Atarazanas".
"Es un experto de primer orden y además testigo privilegiado del estado arquitectónico de las Atarazanas", esgrime la representación de la Junta de Andalucía en este escrito recogido por Europa Press, toda vez que este arqueólogo publicaba recientemente un artículo, exponiendo que "los micropilotes que se proyectan como refuerzo a la cimentación de los pilares inciden de manera puntual sobre los depósitos arqueológicos" del monumento, pero al estar proyectados en espacios "muy próximos a los pilares", dejan "libre casi el 99 por ciento de la superficie de las siete naves como amplísima reserva arqueológica", afectando sólo de manera "irrisoria, oculta y asumible" a los propios pilares, entre otros aspectos.
Dado el caso, la Junta de Andalucía solicita su comparecencia como testigo, siempre en la pieza separada relativa a las medidas cautelares de suspensión provisional de la licencia de obras, aspecto que reclama Adepa en el marco de su recurso contencioso administrativo contra dicha licencia.
EL RECURSO DE ADEPA
El recurso de Adepa en cuestión, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".
En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.
En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, sea suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisa Adepa.
LAS ATARAZANAS
El proyecto de restauración y adaptación del monumento, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, ha sido diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y ha desencadenado un intenso conflicto a cuenta del rechazo de los colectivos conservacionistas.
El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.
Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.
EXCAVACIONES JUNTO A LA MURALLA
Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa han anunciado que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.
Al respecto, el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una "carta de riesgos, estudios previos y un plan director", recomendando "suspender" la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.
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