Juan Espadas ha anunciado como alternativa al rechazo de la Junta y de las patronales hotelera y hostelera a la idea municipal de implantar una tasa de un euro a los turistas que visiten Sevilla la subida del precio en una cantidad equivalente de las entradas al Real Alcázar. Aunque el conjunto palaciego, Patrimonio de la Humanidad, es propiedad del Ayuntamiento, está regido por un Patronato y tiene unos Estatutos propios que condicionarían jurídicamente la iniciativa del alcalde.
Espadas ha afirmado que planteará la inclusión en las próximas Ordenanzas Fiscales de esta subida de precio en las entradas para los turistas, ya que los sevillanos acceden gratuitamente al monumento, con el fin de destinar el incremento de la recaudación a la promoción turística de la ciudad e incrementar su competitividad, “ya que o competimos con otros destinos turísticos -aseveró- o nos quedaremos atrás”.
El alcalde también expresó que el Alcázar tiene una entrada con un precio muy bajo, “de los menores de los conjuntos monumentales de Europa”.
Sin embargo, el monumento está gobernado por un Patronato compuesto en parte por notables y exalcaldes de la ciudad y dotado de unos Estatutos propios que le otorgan una autonomía, aunque tutelada por el gobierno local pero autonomía al fin y al cabo, por lo que Espadas no podría, teóricamente, actuar de forma unilateral.
Es más, el alcalde se comprometió el pasado mes de junio, durante un Pleno del Patronato convocado de forma extraordinaria por primera vez en la historia a raíz de la polémica sobre el proyecto de demoliciones en el Patio del León, a no adoptar ninguna nueva iniciativa de calado sin la consulta a y el plácet previo del Patronato.
ESTATUTOS
Según los Estatutos del Alcázar (artículo 9), no es el alcalde, sino el Consejo del Patronato el competente para proponer al Ayuntamiento la aprobación de las Ordenanzas Fiscales y de sus propios Presupuestos. Asimismo, según el artículo 35, la financiación del monumento se efectúa a través de los ingresos propios de sus actividades, de sus instalaciones y de los precios públicos por la prestación de servicios.
Por tanto, jurídicamente cabría interpretar que el dinero ingresado por las visitas al palacio real en uso más antiguo de Europa pertenece al Alcázar y se destina a financiar sus actividades y gastos y no podría dedicarse a la promoción turística general de la ciudad, sino, en todo caso, a la promoción del propio Alcázar.
No obstante, los órganos rectores del monumento, por imposición del gobierno municipal -a la postre es quien nombra a los miembros de aquéllos- no ha dejado en los últimos años de contribuir a las arcas del Consistorio, con diversas justificaciones. Se empezó por exigirle al conservador una transferencia cada 2 de enero de 60 millones de pesetas de la época, con el argumento de que había que pagar la limpieza y otros servicios en el entorno del monumento por la afluencia de turistas.
CONTRIBUCIÓN
Monteseirín le detrajo en el año 2010 unos 6 millones de euros de sus fondos propios para acometer restauraciones en las Casas Consistoriales y además cambió el concepto de tasa asociado al cobro de entrada (en puridad sólo permite cubrir los gastos del monumento y nada más) por el de precio público, con el fin de poder meter mano en los superávit que se generan.
Actualmente, el Alcázar tiene una “hucha” de más de 11 millones de euros de fondos propios depositados en un banco pese a que Monteseirín le quitó los citados 6 millones. Sólo en el año 2015 el monumento tuvo un superávit superior a los 3 millones de euros y su “hucha” le reporta unos intereses de 10.000 euros mensuales. Desde el Alcázar se transfiere cada año un millón de euros al Ayuntamiento de forma finalista: teóricamente sólo se pueden destinar, a través del ICAS, a conservar el patrimonio histórico artístico municipal, en este caso el Antiquarium, el Museo de la Cerámica y el Castillo de San Jorge.
El palacio es visitado cada año por un millón y medio de personas en números redondos. Se estima que un 5% de esa cantidad (75.000) son nativos sevillanos, que no pagan, por lo que restan 1.425.000, calificables de turistas, que sí pasan por taquilla. Por tanto, la subida en un euro del precio de la entrada propuesta por el alcalde supondría un ingreso extra equivalente a esa cifra, de 1.425.00 euros.
La cuestión a dilucidar es si el gobierno puede coger directamente ese “exceso” recaudatorio para promoción turística general de la ciudad o como el dinero es del Alcázar habría que dedicarlo a promocionar exclusivamente las visitas al monumento. Y aún queda otra cuestión de fondo y que remite al concepto que se tiene de la función que ha de cumplir este Patrimonio de la Humanidad: las normas del Alcázar prohíben que haya más de 750 personas simultáneamente en su interior, para no sobrecargar el palacio, por lo que una promoción añadida provocaría el efecto de atraer más turistas, que añadirían sobrecarga (un círculo vicioso) a un conjunto muy delicado y que está explotado al máximo: se abre al público los siete días de la semana, sin darle ningún respiro.
LA ENTRADA PASARÍA A COSTAR 10,50 EUROS
De aprobarse la pretensión del alcalde, el precio de la entrada al Alcázar pasaría de los 9,50 euros actuales por la visita a la planta baja del palacio a 10,50 euros.
A título comparativo, la visita a la Catedral cuesta 9 euros (10 si se incluye la Giralda). La de la Mezquita de Córdoba está fijada en 8. El coste de la entrada general a la Alhambra de Granada es de 14 euros, más 7 euros por los jardines.
En la Sagrada Familia de Barcelona la entrada vale 15 euros sin acceso a las torres y el precio de la entrada al Museo del Prado se subió en un euro el pasado 31 de mayo: pasó de 14 a 15 (16 durante la exposición del Bosco, recientemente clausurada).
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