La portavoz de IU-CA en la Diputación de Sevilla, Engracia Rivera, defenderá en el próximo pleno de la institución una moción que pide al Gobierno central medidas ante las sentencias que condenan a las administraciones al pago a los acreedores de los intereses de demora sobre facturas atrasadas, "a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores".
"Ya hay varias sentencias que reconocen el derecho de los proveedores a cobrar un porcentaje de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado", avisa IU respecto al mecanismo estatal de pago a proveedores, que determinaba vías de endeudamiento para que las administraciones, mediante préstamos con sus correspondientes intereses, saldasen deudas con sus proveedores.
Merced a las estipulaciones del citado mecanismo, la moción de IU-CA pide una nueva moratoria de dos años a la hora de comenzar a pagar no sólo los intereses de los préstamos, sino también el capital, "evitando de esta forma que desde el próximo mes de agosto los ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancia que pondría en peligro no sólo la estabilidad sino lo que es más grave, que los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos no puedan recibir los servicios públicos a los que tienen derecho".
Además, pide al Estado "solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos tras las recientes sentencias judiciales que condenan a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses de demora a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores". "Es el Gobierno Central el que debe pagar esos intereses", cree IU.
Según declaraciones de la portavoz del Grupo de Diputados de IU-CA: "De no corregirse la situación, los ayuntamientos de Sevilla y de toda España van a encontrarse con graves problemas de financiación que repercutirán no sólo en su gestión, sino en los servicios que prestan a la ciudadanía". "Los esfuerzos de ajuste y planificación realizados por los ayuntamientos durante estos últimos años van a verse gravemente afectados, y no habrán servido para nada".
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