El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, según el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), ha sobreseído las diligencias incoadas acerca de las retribuciones municipales cobradas por el que fuera presidente local del PP Mariano Cuesta, por la elaboración de una serie de informes con cargo al Consistorio tomareño y con relación al servicio municipal de Protección Civil. En la causa figuraba como investigado el primer teniente de alcalde y exsecretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona.
La denuncia inicial del PA ante la Fiscalía, emitida en 2014 y recogida por Europa Press, señalaba las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez con cargo al Ayuntamiento de Tomares durante el mandado 2007/2011, cuando según el PA éste hombre ostentaba la Presidencia del PP de Tomares. Los conceptos de tales facturas aluden al "desarrollo y funcionamiento del servicio municipal de Protección Civil", así como a la elaboración de "un plan de emergencia local en el municipio, un plan de autoprotección en los colegios y a la elaboración de un plan local de emergencia en los colegios públicos".
Para el PA, "la ausencia de respuestas (en 2014) a las solicitudes que por Ley deben ser respondidas en el plazo de cinco días naturales hacen sospechar que pueden estar elaborándose estos informes ex profeso para justificar las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez y abonadas por el Ayuntamiento". Y es que, según el PA, "los informes ni se realizaron ni se atendieron los fines para los que se facturó", argumentando entre otras cosas que en diciembre de 2010, fue aprobado por el pleno un Plan de Emergencia Municipal redactado por el técnico Carlos Dabán y en el que colaboraron técnicos de la Delegación del Gobierno y de las áreas municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, entre otras, pero "sin que aparezca para nada que Cuesta Núñez realizara un trabajo externo y mucho menos que alguien facturase por elaborar el informe cobrado".
Para el PA, Cuesta Núñez, mientras era presidente del PP de Tomares, habría sido contratado "para un trabajo que nunca se ha prestado", pues "no tenía despacho ni localización física alguna en el Ayuntamiento", del que habría cobrado al menos "12.000 euros".
DENUNCIA DE LA FISCALÍA Y POSTERIOR ARCHIVO
La denuncia del PA desencadenó una denuncia de la propia Fiscalía, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, si bien según el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), ha informado de que el juez instructor del caso ha decretado mediante un auto "el sobreseimiento y archivo de la causa con arreglo al informe del Ministerio Fiscal y de las propias alegaciones presentadas por los abogados" de Eloy Carmona.
La Fiscalía, según el Ayuntamiento, ha tomado la iniciativa del archivo solicitando en su informe de 16 de mayo el sobreseimiento de las actuaciones y manifestando que "lo cierto es que las mismas no revisten la entidad suficiente como para considerar los hechos constitutivos de infracción penal: la contratación llevada a cabo se corresponde a servicios que municipalmente eran necesarios y que efectivamente se ejecutaron".
Respecto a la prestación de los servicios, reconoce la Fiscal que se han aportado "las facturas acreditativas de los mismos, y declaraciones de los voluntarios que formaron parte de los equipos de trabajo que los desarrollaron".
El alcalde de Tomares, en ese sentido, ha expuesto que "a pesar del juicio mediático y político paralelo, Eloy Carmona ha demostrado y acreditado que la contratación no sólo fue correcta, sino que supuso una mejora y abaratamiento sustancial de los costes del servicio, confirmándose la existencia de todos los informes a los que aluden las facturas".
También ha hecho hincapié en que la persona contratada para la prestación del servicio "tenía capacidad técnica suficiente y contrastada con titulación superior y amplia experiencia en materia de emergencias"· "Con el archivo de esta causa, ya son varias las actuaciones judiciales que han sido archivadas y avalan la gestión municipal que ha sido cuestionada sistemáticamente por la oposición con una total falta de rigor, sin fundamento y un indudable sectarismo político", alega.
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