El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ordenado a los Servicios Jurídicos municipales que el Ayuntamiento se persone, como responsable civil subsidiario y acusación particular, en la causa incoada por el expolio de las antiguas sedes de la Delegación de Gobernación en la isla de la Cartuja antes de su entrega a a Detea, durante el mandato de Zoido. Es la segunda personación ordenada por Espadas en tan sólo unos días, tras otra en el mismo sentido por la actuación de Rafael Carretero en el montaje de la Feria de Abril.
El Juzgado de Instrucción 10 ha notificado al Ayuntamiento una providencia de fecha 29 de abril en la que, entre otros extremos, le comunica que en los hechos objetos de instrucción (daños en edificios) aparecen indiciariamente implicadas personas que tienen relación de servicio con el Consistorio.
La titular del Juzgado está investigando la posible participación en el expolio de los edificios denominados “Charly”, que en la isla de la Cartuja ocupó la Policía Local hasta su devolución a la constructora Detea, de un intendente y de un agente de la Policía Local, de un cuñado de este último y de tres empleados del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, ya que desde aquí se habría dado, presuntamente, la orden de retirar todos los enseres que pudieran ser reutilizados en otras dependencias del Consistorio.
La retirada de los enseres acabó convirtiéndose en un auténtico expolio, ya que cuando los responsables de la compañía Detea acudieron a tomar posesión de los edificios una vez que había entregado a la Policía la nueva sede que le construyó en la Ranilla, se encontraron con que se habían llevado puertas, ventanas, el cableado eléctrico, los sanitarios de los cuartos de baño y todo elemento que pudiera ser vendido en una chatarrería o colocado en algún mercadillo.
Tras una prolija investigación, el Grupo Especial de la Policía Local (el Gepol) descubrió que una persona había utilizado un vehículo propiedad del Ayuntamiento para vender cobre en un establecimiento del Polígono Calonge. Fue la pista que sirvió para establecer una presunta conexión entre los expoliadores y empleados de la Corporación.
El alcalde ha ordenado que, “sin perjuicio de atender el requerimiento efectuado por el Juzgado, y como quiera que la mera sospecha de intervención de personal municipal en hechos que son objeto de una instrucción penal requiere de la máxima diligencia por parte de la Corporación para el esclarecimiento de los mismos y para la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar”, el Ayuntamiento se persone en la causa.
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