La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado recientemente "dar cumplimiento" a una sentencia del Tribunal Supremo, según la cual la Administración local debe pagar al Estado unos cinco millones de euros adicionales por la expropiación de una parcela de su titularidad, allá por 2004, en el entorno del antiguo hospital militar Vigil de Quiñones, en el distrito Bellavista-La Palmera.
En concreto, y según las fuentes consultadas por Europa Press, fue allá por el año 2004 cuando la Gerencia de Urbanismo expropió al Estado una parcela de 31.270 metros cuadrados, carente de edificaciones, perteneciente al plan especial de reforma interior (PERI) GU-2 Guadaira Sur, actualmente denominado API-DBP-02 Carretera de Cádiz.
Aunque el Ayuntamiento tasó la expropiación en 2.501.369 euros, posteriormente, en febrero de 2005, la Comisión Especial de Valoraciones de Sevilla fijó el correspondiente justiprecio en 3.295.114 euros. No obstante, el Estado recurrió dicho justiprecio por la vía Contencioso Administrativa, siendo desestimado su recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
AL SUPREMO
El Estado, aún así, elevó el asunto al Tribunal Supremo, que el 15 de octubre de 2013 estimó parcialmente las pretensiones del Estado, anulando el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones y fijando el nuevo justiprecio en 6.707.242 euros más los intereses legales.
Dado el caso, el mayor importe a percibir por el Estado en concepto de justiprecio por la referida expropiación supone un incremento de 3.412.128 euros, más los intereses legales que proceden, que se cuantifican en 1.676.683 euros por no haberse abonado desde el año 2013.
Con estos antecedentes sobre la mesa, y según la documentación recogida por Europa Press, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo acordó el pasado 30 de marzo dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2013, que fija en 6.707.242 euros el justiprecio definitivo de la expropiación, así como aprobar "la liquidación a cuenta de intereses de demora en el pago del justiprecio, determinados en ejecución forzosa de la citada sentencia interesada por el Estado en auto de 1 de octubre de 2015", por valor de 1.676.683 euros.
La sentencia, según el Ayuntamiento, no había sido ejecutada aún por "dificultades presupuestarias", toda vez que los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo para 2016 sí contemplarían "mecanismos" para su pago.
