El experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan José Negro Balmaseda, que realizó un informe aportado por la Policía a la causa donde se investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha ratificado este lunes que el proyecto de Minorbis contenía "errores aritméticos", aunque ha admitido haber analizado únicamente seis folios de los casi 3.000 que conforman dicho proyecto, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Una vez ha finalizado su declaración como testigo ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, este experto ha atendido a los periodistas para señalar que en el proyecto de Minorbis "había errores aritméticos en sumas de cantidades en volúmenes de agua", concretamente "en lo que tiene que ver con aguas superficiales y en algunos parámetros que tienen importancia en la configuración final del ciclo del agua".
El testigo, a quien la juez ha citado a declarar "a fin de contrastar determinados aspectos del denominado programa de gestión del ciclo del agua propuesto por la adjudicataria Minorbis", ha añadido que "se ha ceñido a la información que había procesado, que es muy breve", pero es lo que "se le había requerido", de manera que "se ha ceñido a esa parte que tiene que ver con el balance hídrico en la mina de Aznalcóllar".
"En esa parte del informe de Ayesa había errores aritméticos que yo he detectado y he puesto de manifiesto y he defendido en mi comparecencia", ha dicho el testigo, punto en el que hay que recordar que Ayesa, a raíz de este informe, aportó un dictamen al Juzgado en el que asegura que sus cálculos sobre el programa de gestión del ciclo del agua aportado por Minorbis son "correctos".
Además, la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa acusó al experto del CSIC de haber cometido un "grave error metodológico" en su informe, lo que le lleva a "conclusiones incorrectas", al estimar que donde "el señor Negro Balmaseda cuestiona datos y niega que estén justificados, ocurre simplemente que los datos están en otro apartado que él omite referenciar".
LA JUEZ LE REQUIERE LOS SEIS FOLIOS
Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, en su comparecencia, el testigo ha admitido a preguntas de las defensas que para elaborar su informe se leyó únicamente seis folios del proyecto de la empresa ganadora, conformado por casi 3.000 páginas, ya que, según ha indicado, la Policía únicamente le entregó estos seis folios, de manera que nunca ha tenido constancia de que existiera un anexo hidrológico de casi 200 folios unido al proyecto de explotación de la mina.
A petición de las defensas, y en tanto en cuanto el testigo llevaba encima estos seis folios, la juez instructora se los ha requerido y los ha aportado a la causa.
La juez también ha tomado declaración como testigos este lunes a un trabajador operador de la mina y al encargado de la depuradora existente en las instalaciones de la misma, a quienes citó para que aclaren "la situación real del talud sur, el estado de abandono de la depuradora, la idoneidad de la misma para cumplir con las expectativas expuestas en el proyecto de Minorbis-Grupo México" y si, "actualmente, está accediendo al recinto personal de Minorbis o de alguna otra entidad relacionada".
DOS TRABAJADORES NIEGAN QUE LA DEPURADORA ESTÉ ABANDONADA
Pues bien, según las fuentes, estos dos trabajadores han asegurado que la depuradora funciona "perfectamente" y que "nunca se ha abandonado", contando con dos líneas de depuración, una de 500 metros cúbicos que se mantiene "a diario" y una segunda línea que no se mantiene porque su uso no es necesario, pero que en caso de que se quisiera usar estaría disponible "en una semana".
Estos dos trabajadores han añadido que la depuradora no se utiliza porque, según estableció la CHG, la cota de agua tiene que ser de 20 metros para "arrancar" dicha depuradora, y al menos en el último año y medio esa cota no se ha superado.
El pasado 31 de julio, la magistrada imputó en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, que fue cesada tras su imputación, la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales ha citado a declarar el próximo jueves.
De igual modo, la juez ha citado como imputados el día 25 de septiembre a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.
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