El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha reclamado una moratoria ante el vencimiento de los contratos de alquiler de locales de negocio de renta antigua, ya que "solo en la capital podrían cerrar unos 1.000 establecimientos, lo que se traduciría en la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo".
En un comunicado, ha indicado que "podemos enfrentarnos a un tsunami en el sector comercial tradicional que cambiará nuestro paisaje urbano de forma radical". En la provincia, más de 10.000 empleos y unos 3.000 establecimientos pueden verse afectados, según indica.
Recuerda que el 1 de enero, "ante la pasividad cómplice" del Gobierno de España, venció la prórroga de 20 años establecida por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para la mayoría de contratos de arrendamientos de locales de negocio de renta antigua. Esto ha propiciado un escenario de "virtual" negociación entre arrendador e arrendatarios "carente de equilibrio entre las partes, que en el actual contexto de crisis económica y el importante volumen de patrimonio inmobiliario acumulado por fondos de inversión y otros grupos de interés, podría provocar un cierre masivo de pequeñas y medianas empresas y la destrucción de un volumen importante de empleo en el sector comercial".
Según Aristu, "estamos hablando de empresas en las que el trabajador o trabajador ha desarrollado allí toda su vida profesional, de establecimientos tradicionales en las que una familia viene manteniendo una actividad singular y apreciada en su entorno", subraya el sindicalista". Por otro lado, declara que los efectos serían "gravísimos" también para las industrias relacionadas con el sector (proveedores, auxiliar y de servicios), que perderán una porción importante de su cartera de clientes.
Por otro lado, ha destacado el proceso de transición que, desde un modelo comercial equilibrado entre los diferentes formatos comerciales, se produciría hacia un modelo "de sustitución de locales con comercios tradicionales por franquicias y formatos sin identidad singular ni conexión con el entorno urbano". "Este empobrecimiento de la oferta comercial será perjudicial para la ciudadanía: perderemos variedad, muchos productos y actividades desaparecerían y los precios indudablemente subirían en este contexto", advierte el sindicalista.
CCOO ha reclamado al Gobierno Central que tome cartas en el asunto de forma inmediata y active una solución, al menos transitoria, que elimine la "inseguridad que viven hoy miles de comerciantes y trabajadores del sector". "Hay una enorme alarma social en el sector y el Gobierno debiera escuchar a la mayoría y priorizar el interés general antes que a los grupos de presión que empujan a diario a favor de sus intereses concretos y privados", concluye.
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