El Grupo popular del Parlamento andaluz ha promovido una pregunta con ruego de respuesta escrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, reclamando información sobre las "medidas" a establecer para ayudar a las familias desalojadas del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, en Camas (Sevilla), toda vez que la Administración andaluza aportó casi 500.000 euros para el realojo de las familias desalojadas en 2008 del edificio número dos de este residencial, y para la rehabilitación de dicho bloque de viviendas.
Se trata de una pregunta del Grupo popular sobre el desalojo del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ocurrido el pasado 10 de octubre en Camas. En 2008, el bloque número dos del residencial Jardín Atalaya ya fue desalojado como consecuencia de las grietas y deficiencias que presentaba el edificio al haber sido levantado en una zona de arcillas expansivas, allá por los años 70.
Esta vez, en el marco de una reforma que uno de los vecinos del bloque número uno realizaba en su vivienda, ubicada en la planta baja del edificio, fueron detectadas anomalías que motivaron que la comunidad de propietarios contratase a un arquitecto para que supervisase el estado de la construcción. Este arquitecto, a través de unas catas, habría descubierto que uno de los pilares del edificio está "bastante afectado" por los efectos de su construcción sobre arcillas expansivas, con lo que los bomberos y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Camas determinaron el "desalojo preventivo" del edificio, en el que residían 38 familias.
NO HAY SUBVENCIONES
Tras una serie de reuniones entre los afectados, el Ayuntamiento de Camas y la Delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, habría quedado de relieve que las familias no pueden solicitar ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas, pues no habría abierta ahora mismo ninguna línea de subvenciones en ese sentido y el conjunto de familias, además, cuenta con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aspecto que les excluiría del acceso a ayudas de esta naturaleza. En concreto, fuentes de la Administración autonómica han precisado a Europa Press que 24 de las 38 familias superan dicho límite.
Pero según el PP, después de que la consejera de Fomento y Vivienda (Elena Cortés, IU-CA) firmase un acuerdo de colaboración con el Estado para empezar a aplicar el plan estatal de vivienda, y dado que dicho plan establece específicamente este tipo de programas de rehabilitación de edificios con graves daños estructurales, "de forma excepcional y sin requisitos económicos o de renta", habría vías para articular las subvenciones reclamadas.
En esa línea, los populares han elevado a la mesa del Parlamento una pregunta con ruego de respuesta escrita, recogida por Europa Press, solicitando información sobre las "medidas previstas" por la Consejería de Fomento y Vivienda en favor de las familias del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya para la rehabilitación del edificio, "habida cuenta del peligro existente al encontrarse apuntalado y ubicarse a escasos metros de un centro escolar, dada la imposibilidad de las familias de asumir el coste que la obra conlleva".
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