La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha acordado el acatamiento de dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Sevilla, que le obliga al abono de 989.000 euros correspondientes a certificaciones y revisiones de precios e intereses de demora de contratos de obras realizadas en 2005 y 2006, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.
El agujero para las cuentas de Urbanismo podría haber sido aún mayor si no hubiera decidido presentar un recurso contra otra sentencia condenatoria por valor de 436.000 euros y relativa a unas obras en la barriada Juan XXIII que datan de hace nueve años, por la misma época que las anteriores.
Así pues, sólo por estas tres sentencias estaban en juego 1.425.000 euros en concepto de facturas pendientes que al cabo de tres años y medio del mandato de Zoido no parece que vayan a ser todavía las últimas del “legado” de Monteseirín a Sevilla y a su sucesor.
Según Urbanismo, en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha tenido que afrontar el pago de “elevadísimas cuantías” como consecuencia de que en el gobierno anterior no se realizaron los pagos por certificaciones de obras ordinarias o finales, revisiones de precios, intereses de demora y, más sorprendente aún, intereses de intereses.
Ristra de facturas
Las deudas derivan de los proyectos de ejecución de carriles-bici, reforma y acondicionamiento de la Alameda de Hércules, remodelación de las plazas del Pan, la Alfalfa y la Pescadería (el proyecto La piel sensible) y las relativas al Plan de Barrios. Se observa, pues, que el gobierno anterior no sólo se gastó, fundamentalmente en las Setas de la Encarnación, el dinero de los convenios del PGOU destinado a la infraestructuras de los nuevos desarrollos urbanos -si el tema no ha estallado aún ha sido por el parón provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria-, sino que también dejó a deber parte de las obras de sus proyectos-estrella.
Sólo en los dos últimos años Urbanismo ha abonado 4.940.363 euros en obras impagadas (principal más intereses) y realizadas durante el anterior mandato.
Sin embargo, Monteseirín, con el desahogo que le caracterizaba, llegó hasta el extremo de declarar antes de abandonar el Ayuntamiento que él se iba sin dejar facturas en los cajones, al contrario de lo que le había ocurrido cuando accedió al poder en el año 1999, en directa alusión al gobierno de coalición PP-PA de Soledad Becerril y Alejandro Rojas Marcos.
Tanto los hechos posteriormente conocidos como la trayectoria política anterior del predecesor de Zoido no contribuyen a dar crédito a sus palabras, al menos en la parte correspondiente a su supuesto legado inmaculado a su sucesor.
Etapa en Diputación
Ya ocurrió lo mismo en la Diputación, de la que Monteseirín fue presidente hasta que dio el salto a la Plaza Nueva, impulsado por el aparato del PSOE, que ordenó a la militancia votar contra la candidatura de Borbolla y por tanto a favor del entonces titular de la corporación provincial como candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones municipales.
Se produjo así una situación insólita durante el año que faltaba hasta los comicios, con Borbolla como político interino y amortizado y Monteseirín buscando protagonismo para darse a conocer ante los votantes de la capital con todo tipo de actos, aunque esa autopromoción apoyada fundamentalmente desde el Patronato Provincial de Turismo por su acólito Marchena supusiera una política presupuestaria de tierra quemada en la Diputación, que sufrió su sucesor al encontrar las arcas vacías.
Vacas gordas
Monteseirín llegó al Ayuntamiento cuando la ciudad aún digería los excesos de gasto motivados por la Expo-92, pero de inmediato, con la suerte política que le ha acompañado a lo largo de su carrera, se encontró con la época dorada de la economía española (1999-2008), que no aprovechó para ponerse al día con los proveedores del Ayuntamiento.
Se recuerda que empresas constructoras reclamaron el pago por entonces aún pendiente de obras del paso inferior de la calle Arjona y desde su gobierno se les instó a que siguieran teniendo paciencia o que reclamaran por la vía judicial, pero con el recordatorio expreso de la típica tardanza de la Justicia en España y el mensaje implícito de lo que a la hora de contratar con el Ayuntamiento podía suponer mantener contra el mismo un pleito en los tribunales.
Pese a haber gozado de las vacas gordas y de que gracias al PGOU y el boom inmobiliario las arcas municipales ingresaron más dinero que nunca anteriormente, Monteseirín no dejó los cajones libres de facturas para Zoido, como alardeó antes de su marcha, sino todo lo contrario, ya que estuvo ocultando, camuflando o dejando de pagar deuda hasta el final.
Cajones llenos
Un ejemplo paradigmático fue el de Emasesa, a cuyo frente había puesto a su hombre de confianza, Manuel Marchena. Al inicio del año en que Zoido ganó las elecciones, en la empresa de aguas sólo figuraba una deuda de 401.738 euros a proveedores. Diez días antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, afloró de pronto una deuda por valor de 10.110.154 euros que se había mantenido oculta hasta entonces.
Además, la corporación de empresas municipales (la Agrupación de Interés Económico) que dirigía también Marchena por encargo de Monteseirín, tenía unas deudas acumuladas por valor de otros 17 millones de euros: 13,5 millones en la red Hispalnet; 2,4 millones en la red de comunicación Secora; 1,5 millones en gastos comunes con Emasesa; 1,3 millones de los pasos subterráneos del Tamarguillo y la avenida Bueno Monreal...
No se había pagado la factura de la luz en los dos años anteriores, por lo que la deuda con Endesa ascendía a 5 millones de euros, y tampoco la parte correspondiente al Ayuntamiento por la bonificación a las tarifas del Metro, que ascendía a 17 millones de euros, más obras por arreglo de calles y demás que todavía ahora está pagando Urbanismo y con intereses.
Si a ello se le suma el pago de la certificación teóricamente final por las obras de las Setas de la Encarnación y que ascendió a 11.619.047 euros, el coste de la “lápida” dejada por Monteseirín y que ha debido afrontar el gobierno de Zoido ha superado los 40 millones de euros.
Esta cantidad duplica con creces los 18,9 millones de euros de la partida prevista para inversiones reales en el Presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año 2015.
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