La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha presentado una querella contra el exalcalde de Carmona (Sevilla) Antonio Cano Luis (PSOE) por conceder una licencia de obras en la urbanización Las Monjas en contra de los informes técnicos de responsables municipales y de la Junta de Andalucía.
En la querella, la Fiscalía incluye a otros siete concejales del equipo de gobierno que en noviembre de 2010 concedieron la licencia de obra, por vía de urgencia, para el suministro provisional de abastecimiento y saneamiento de aguas en la urbanización.
Tres de los concejales del equipo de gobierno siguen siendo ediles en la actualidad dentro del grupo socialista: María del Carmen González Ortiz, Ana María López Osuna y María de los Ángeles Iglesias Rodríguez.
A todos les atribuye un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe.
Como consecuencia de la licencia ilegal, los promotores ejecutaron infraestructuras de saneamiento, zanjas para abastecimiento de aguas y su posterior tapado, así como obras de explanación que afectaron a viales de la urbanización y que no han sido aún demolidas, resalta la querella.
La actuación de la Fiscalía comenzó tras la denuncia presentada en marzo de 20014 por una propietaria de una parcela en la urbanización Las Monjas por posibles irregularidades en la concesión de la licencia de obra.
La propietaria también denunciaba la incorrecta y abusiva disposición de fondos de la comunidad, así como a la ocultación de información administrativa a los propietarios.
La Fiscalía subraya que el exalcalde y su equipo de gobierno concedieron la licencia de obras, por un importe de 922.000 euros, a pesar de "la claridad de los informes técnicos y jurídicos advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia para legalizar algo incompatible con la ley".
Todos ellos votaron a favor de a licencia siendo "conscientes de la arbitrariedad de su decisión de autorizar obras totalmente incompatibles con la normativa vigente", enfatiza la Fiscalía.
En la querella, la acusación pública indica que "por el momento" no hay indicios bastantes de criminalidad contra quienes solicitaron y obtuvieron la licencia, ni contra los representantes de la comunidad de propietarios respecto a la aplicación de los fondos.
Entre los informes que tuvo a su disposición el exalcalde y el equipo de gobierno se incluye uno del arquitecto municipal, en el que les informaba "de modo tajante" de la "manifiesta ilegalidad de la licencia" y citaba la normativa que se incumpliría "sin el menor atisbo de duda".
La Fiscalía también alude a un informe de Aguas del Huesna y de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente respecto a la necesidad de cumplir la normativa urbanística vigente antes de conceder la licencia de obras para el abastecimiento de a urbanización.
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