El auditor de Mercasevilla, imputado de presunto delito societario, ha dicho a la juez Mercedes Alaya que fue "engañado" por Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), exalcalde de Sevilla, que le ocultó datos importantes de forma "consciente y deliberada", por lo que pide que sea incorporado a la causa.
El auditor José Ignacio A.R., en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recurre su imputación por presunto delito societario en Mercasevilla y dicen que deben ser llamados "en la condición que procesalmente proceda" Sánchez Monteseirín, el ex consejero delegado Alfonso Mir del Castillo y todos los miembros del Consejo de Administración de la lonja en 2009.
En esta causa, una de las cinco sobre Mercasevilla que investiga la juez Alaya, están imputados los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, junto a otros trabajadores de la lonja, por presuntos delitos societarios en su gestión.
El auditor de Price Waterhouse se refiere en su recurso a la llamada "carta de manifestaciones" remitida por Sánchez Monteseirín y Mir a los auditores en febrero de 2009, luego reiterada en marzo, en la que afirmaron que desde el cierre de las cuentas "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas y que no esté reflejado en las mismas".
Sin embargo, Sánchez Monteseirín ya sabía entonces que Mellet estaba siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por pedir un cohecho de 450.000 euros a condición de adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, según el recurso.
Añade que cuando Mellet fue cesado "a petición propia" el 17 de febrero de 2009, los responsables de la lonja "estaban presuntamente faltando a la verdad sobre dicho extremo en acta", por lo que el auditor y su empresa "se sienten absolutamente engañados por el Consejo de Administración de Mercasevilla en aquella fecha".
Con ello "engañaron al auditor" y "no quisieron hacerle partícipe de las verdaderas razones del cese del director general para que no se tuviera en cuenta expresamente dicha circunstancia en el resultado de los trabajos de auditoría que a partir de esa fecha comenzarían", según el recurso.
El auditor mantiene que Sánchez Monteseirín "consciente y deliberadamente quiso y consiguió engañar al auditor para que nada reflejase en su informe de auditoría y con ello evitar que los accionistas y terceros conocieran la verdadera situación de la compañía durante ese ejercicio".
El abogado del auditor, por otra parte, mantiene que "es obvio que no existe el menor indicio" de que su cliente "conociera los supuestos actos de malversación y, menos aún, que haya realizado una sola actuación que aportase algo a la comisión del delito".
Además, defiende que el presunto delito societario estaría prescrito pues su plazo de prescripción es de tres años y ese lapso "transcurrió con creces" entre el último informe de auditoría, de 31 de marzo de 2009, y la imputación de su cliente, el 28 de noviembre de 2013.
"En este causa se imputa a quien audita y se ignora a quien dirige, administra, formula y firma las cuentas anuales", cosa que además hizo "con temerario ocultamiento", mantiene el recurso.
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