El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto aprobado por el Gobierno central por el que se regula el otorgamiento de la explotación a la Junta de Andalucía de los recursos mineros de Aznalcóllar, en Sevilla, y que permitirá convalidar el concurso internacional convocado por la administración andaluza y garantizar los plazos en que estaba la convocatoria para la reapertura de la mina.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido en el pleno de la Cámara Baja que el decreto ley se justifica en la necesidad de "poner en marcha la mina cuanto antes" y ha subrayado que el mismo fija medidas para reanudar la actividad extractiva en Aznalcóllar, donde hay reservas probadas de 35 millones de toneladas y 45 millones de toneladas "no probadas pero sí probables", y otras que minimizan el impacto medioambiental sobre el Parque de Doñana.
Además, ha indicado que el decreto ley establece un régimen de explotación para Aznalcóllar "único en su especie", distinto a los regímenes previstos en la Ley de Minas y que se basa en que los terrenos estaban sin explotación.
El titular de Industria ha detallado que el Decreto Ley tiene dos artículos, el primero delimita el perímetro de la zona sin declarar ninguna reserva del Estado sobre la misma y el segundo habilita a la Junta para la explotación de la mina a través de una concesión directa previo procedimiento de concurrencia competitiva, lo que se justifica en que la existencia de los recursos ya está más que probada y "no es necesario que haya más permisos de investigación".
Al hilo de ello, ha incidido en que la habilitación que se hace a la Junta es sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran existir por derechos preexistentes y, por tanto, la Administración General del Estado queda eximida de toda responsabilidad patrimonial. "Es necesario que aparezca claramente reflejado en el Real Decreto pues de hecho había dos empresas que ya habían solicitado permisos de investigación en esos terrenos", ha defendido el ministro.
En su intervención, Soria también ha repasado los "antecedentes" del decreto ley: la aprobación por parte de la Junta del decreto que declaraba a su favor la reserva de la mina, la resolución que convocaba el concurso para la explotación, los recursos ante el Tribunal Constitucional del Gobierno central y el diálogo posterior entre las administraciones para la derogación de las dos actuaciones de la Junta y la retirada de los recursos.
Después, en el turno de intervención de los portavoces de los grupos, el 'popular' Ricardo Tarno ha mantenido que el decreto garantiza seguridad en las inversiones y en el aspecto medioambiental y ha advertido de que sin el mismo "el futuro y el empleo estarían permanentemente en peligro" y, en ese sentido, ha dicho que "en la creación de empleo y riqueza no vale saltarse las leyes y la Constitución" que es lo que, a su juicio, hizo la Junta cuando aprobó el decreto sobre la mina.
El diputado 'popular' ha defendido que el recurso presentado por el Gobierno --y retirado al haber acuerdo entre las dos administraciones-- "garantizaba la seguridad legal de las inversores", 300 millones de euros que crearán 400 empleos directos y 3.000 indirectos.
Por su parte, el portavoz socialista Antonio Pradas ha defendido la actuación de la Junta para permitir que la selección de la empresa que reabra la mina se elija a través de concurso público y también la actitud de la presidenta, Susana Díaz, en su apuesta por el diálogo que, según ha dicho, ha permitido el acuerdo con el Gobierno y, así, mantener los plazos del concurso.
"La Junta ha preferido no discutir competencias administrativas, con el objetivo de lograr lo importante", ha recordado el parlamentario, que ha pedido que este tipo de acuerdos "sienten precedente" para otros asuntos, como es la gestión del Guadalquivir que la Junta viene reclamando.
"FANTASMA DEL AGRAVIO"
En su intervención, Pradas, que ha tenido un recuerdo para los más de 200 mineros fallecidos en Turquía, también ha hecho mención al recurro de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central al decreto andaluz y ha mantenido que aquello hizo "revivir el fantasma del agravio contra Andalucía" un agravio que, según sus palabras, queda patente en los "insultos" que los miembros del Ejecutivo profieren habitualmente contra la región.
A esos supuestos "agravios" al pueblo andaluz, ha reaccionado el diputado 'popular', que ha mantenido que la defensa de posiciones políticas distintas son legítima crítica "no insultos". Así, ha recalcado que el PP lo que hace es criticar la "nefasta" gestión al frente de la Junta de Andalucía del PSOE, al que ha pedido que abandone los "tics nacionalistas totalitarios".
EVITAR UNA NUEVA CATÁSTROFE
Por su parte, el portavoz de la IU, José Luis Centella, ha reclamado que toda la tramitación se haga con el "máximo rigor y celo para evitar que la catástrofe se vuelva a repetir" y ha incidido en que los ciudadanos "no tienen por qué pagar el cúmulo de desaciertos y descontroles que han tenido repercusión no en quien cometió delito, que no ha pagado, sino en los trabajadores que perdieron años de su vida y siguen teniendo futuro incierto".
Además de reclamar un cambio en el modelo productivo y que se avance hacia una economía más sostenible, Centella ha dicho que es "fundamental" que en el actual pliego de condiciones haya medidas como la prohibición de balsas de almacenamiento o el veto a la participación de empresas que tuvieron que ver con Boliden.
"La historia no se puede volver a repetir, hay que hacer que los controles tengan ejecución y continuidad. Somos conscientes de que el proyecto despierta reservas en el movimiento ecologista y no podemos permitirnos caer en errores pasados", ha concluido el diputado.
También el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha centrado su intervención en el "desastre" ocurrido en Aznalcóllar en 1998 y ha señalado que, teniendo en cuenta que "no se puede renunciar a explotar los recursos", hay que tomar todas las medidas para que no se vuelva a producir. Así, ha pedido que el Gobierno explique "qué piensa hacer para dar las garantías medioambientales para que no se vuelva a repetir lo que pasó con la empresa Boliden".
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