La juez Mercedes Alaya, que investiga en la Operación Madeja por presuntos pagos irregulares en el Ayuntamiento de Sevilla, ha abierto diligencias para aclarar la filtración de la declaración del principal imputado, el empresario José Antonio González Baró.
La Operación Madeja está bajo secreto sumarial desde julio de 2013 pero el diario El Mundo publicó el pasado 15 de abril el supuesto contenido de la comparecencia judicial de González Baró, administrador único de Fitonovo, quien presuntamente aseguró haber pagado 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez ha abierto diligencias por un presunto delito del artículo 466 del Código Penal, que sanciona al abogado, procurador, miembro de un tribunal o incluso un particular que revele actuaciones procesales declaradas secretas.
González Baró, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre, presuntamente admitió haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron para el también imputado Francisco Amores, exjefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
El empresario, presuntamente, también afirmó que entregó a "cierta persona de Izquierda Unida" antes de las elecciones municipales de 2011 una caja de zapatos con 70.000 euros.
Al estar bajo secreto sumarial, ninguna de las partes personadas tiene copia de las declaraciones judiciales, por lo que el actual abogado de González Baró presentó una queja ante Alaya, que ahora ha respondido abriendo estas diligencias.
La Operación Madeja se derivó del caso Mercasevilla y en marzo pasado quedaron libres bajo fianza las últimas dos personas encarceladas en diciembre de 2013, el propio González Baró y Francisco Amores.
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