El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido hoy al Ayuntamiento de Sevilla "lealtad institucional" y a su alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que de la orden para que se actualicen los informes de los servicios sociales sobre las familias desalojadas de la Corrala Utopía.
Tras la carta remitida la semana pasada por el Consistorio a la Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, en la que se afirma que solo dos de esas familias cumplen los requisitos para optar a una vivienda pública, Maíllo ha considerado que el Ayuntamiento "no se ha pronunciado" puesto que esos informes no han sido actualizados.
"Lo que tiene que hacer es pronunciarse y ser institucionalmente leal, que no lo está siendo", ha dicho Maíllo, que ha considerado que habrá que preguntar a Zoido "por qué no lo hace" y ha acusado al alcalde de "llevar dos años reventando la solución de la Corrala".
Ha aseverado que cuando los técnicos de servicios sociales realicen "con rigor" esos informes, las conclusiones "van a ser claras", puesto que "no hay duda de que es gente que necesita ayuda de las administraciones" y ha recordado que "en situaciones de emergencia y excepcionalidad se debe actuar atendiendo a la gente".
Sobre el anuncio del PP de pedir una comisión de investigación parlamentaria si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no informa sobre este asunto en la Cámara, Maíllo ha pedido a los populares "tranquilidad y sosiego" y ha subrayado que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), va a comparecer a petición propia.
"Cortés va a explicar todo de manera voluntaria y el PP va a ver cómo desde el Gobierno en el que está Izquierda Unida se cuentan las cosas con total transparencia y claridad, con la solvencia y el rigor que ellos son incapaces de aplicar en cualquier actuación", ha sentenciado.
Según Maíllo, cuando el PP vio que iba a haber una solución para el realojo transitorio de estas familias con Ibercaja y la Junta "lo reventó con un desalojo que estaba aparcado a la vista de un preacuerdo, y lo hizo simple y llanamente para evitar que hubiera una solución para este problema".
"El PP no ha consentido ni quiere consentir que esta situación tenga una solución que no sea la de echar a la gente y dejarla a la intemperie", ha considerado.
Ha subrayado además que existe un mandato judicial -el que ordena el desalojo- que indica que las administraciones públicas "tienen que garantizar que la gente tenga una vivienda donde asentarse en un proceso que es de realojo provisional y que no es de adjudicación de vivienda ni nunca lo ha sido".
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