Sevilla

Expresidente de la fundación vinculada a la CEA culpa al Ayuntamiento del retraso en las VPO

Salas Tornero ha negado que la fundación no haya pagado a las empresas suministradoras de la obra de dichas viviendas

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El expresidente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Juan Salas Tornero, ha culpado a los trámites burocráticos en el Ayuntamiento de los retrasos en las obras de las viviendas protegidas y ha negado que la fundación no haya pagado a las empresas suministradoras de la obra de dichas viviendas.

   Salas Tornero ha declarado este jueves en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas promovida por dicha Fundación, cuyas obras actualmente están paralizadas.

   Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que Salas Tornero "sólo ha respondido a las preguntas de la juez y de las defensas", tras lo que indica que el domicilio social de la fundación era el mismo domicilio social de su despacho.

   Salas Tornero, que era patrono de la fundación desde su creación y que pasó a ser presidente de la misma a raíz de la muerte de su fundador, Rafael Álvarez Colunga, en 2008, negó que tenga relación con Dolmen o con los apoderados de la fundación, reconoció que dimitió en 2012 a raíz de las protestas de adjudicatarios de VPO por los retrasos de las obras.

   En ese sentido, según las fuentes, Salas Tornero ha asegurado que las obras se retrasaron por varias causas, entre ellas por problemas con el Ayuntamiento por la adjudicación de los terrenos y por la tramitación de la licencia. Han agregado que "se hizo solo una planta de sótano y después se tuvieron que hacer otras dos plantas más de aparcamientos".

   Asimismo, Salas Tornero han indicado que la fundación y Dolmen "han pagado sus cantidades a CYR y Dosevi, que son las que adeudan las cantidades con las empresas subcontratistas y no han pagado".
FINES INICIALES

   Salas Tornero ha indicado que "la fundación entre sus fines iniciales no tenía la construcción de VPO, sino que era una fundación de carácter formativo y educacional, tras lo que posteriormente, unos meses antes de firmar el acuerdo con Dolmen, se incluyó este objetivo de construir VPO entre los fines de la fundación".

   Con motivo de las declaraciones por este caso, los adjudicatarios de estas VPO acudieron a protestar a las puertas de los juzgados. Durante los días 5, 6, 12 y 13 de marzo los adjudicatarios mantuvieron concentraciones ante las puertas de los juzgados de Instrucción de Sevilla en avenida Menéndez Pelayo, coincidiendo estas fechas con las declaraciones de los principales imputados en el caso de la presunta estafa en la promoción de nuestras viviendas de VPO.

   Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA abrieron lunes y martes la ronda de declaraciones ante la juez de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por estas empresas suministradoras, donde Santiago Herrero y Antonio Carrillo tenían previsto declarar el 5 de marzo en calidad de imputados, algo que finalmente sólo ha hecho Carrillo.

   Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.

   En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".

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