Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla haya citado como imputada a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares, Pilar Domínguez (PP), por la investigación del contrato del actual edil de Medio Ambiente, el también popular Juan Campos, el Gobierno municipal tomareño ha mostrado su "absoluta tranquilidad" y convencimiento de que la resolución judicial probará que no media "ninguna ilegalidad" y que todo responde a "una denuncia política falsa de la oposición"
Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.
El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados en un primer momento por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defiende que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.
Tras la imputación de Pilar Domínguez, fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Gobierno local está "absolutamente tranquilo y deseando que la Justicia se pronuncie", porque la resolución del procedimiento judicial probará, según el Consistorio, que "nadie cometió ninguna ilegalidad" y que todo es fruto de "una denuncia política falsa de la oposición". "No tenemos nada que temer", enfatizan las citadas fuentes, quienes defienden la legalidad del contrato y alegan que "los trabajos fueron realizados", todo ello "con todos los avales que marcan las leyes". "No nos preocupa que sean citadas cuantas personas sea necesario si eso sirve para aclarar la verdad y que cuanto antes se demuestre que todo es fruto de una denuncia falsa", manifiesta el Ayuntamiento.
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