La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana el expediente abierto a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por retrasos en un caso, con una propuesta del instructor de diez y doce días de suspensión de funciones a los magistrados integrantes de la sala.
Fuentes del caso han informado de que la Fiscalía ha pedido el archivo del expediente pero el instructor ha propuesto una suspensión de funciones de diez días para Joaquín Sánchez Ugena, presidente de la Sección Primera de la Audiencia, y para el magistrado Juan Antonio Calle Peña, mientras que para la ponente de la causa, María Dolores Sánchez, plantea doce días de suspensión.
Según la propuesta, los tres integrantes del tribunal que vio el caso son responsables de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales, han precisado las citadas fuentes.
No obstante, la sanción propuesta se encuentra en el rango inferior ya que las faltas muy graves pueden llegar al traslado forzoso o separación del servicio.
Los magistrados fueron denunciados por el retraso en un caso judicial derivado de una compraventa realizada en 2002, en el que dictaron tres sentencias absolutorias, sucesivamente anuladas por el alto tribunal, y acabaron condenando por imperativo de lo resuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Tras la denuncia de una de las familias afectadas por el pleito, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió un expediente administrativo contra los tres miembros del tribunal y nombró instructor del mismo al magistrado de la Sala Quinta del Supremo Fernando Pignatelli, que se desplazó en diciembre pasado a Sevilla y se entrevistó con los denunciantes y con el tribunal.
El pleito derivaba de la venta en 2002 de una finca en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan y la presunta falsedad de un documento privado en el que se recogía que el precio real había sido de 2,7 millones de euros y no los 1,2 consignados en escritura.
Tres sucesivas sentencias absolutorias dictadas por la Sección Primera de la Audiencia fueron anuladas por la Sala Segunda del Supremo, quien le reprochó su opacidad, haber hecho una apresurada y poco precisa valoración" de los hecho y haber dado como hecho probado algo que el propio tribunal consideraba dudoso.
Finalmente, en octubre de 2013 el tribunal sevillano condenó a seis meses de cárcel por falsedad en documento privado a un hijo del comprador de la finca pero le absolvió de estafa y hurto.
En el expediente, Sánchez Ugena se defendió a sí mismo pero sus compañeros de tribunal contrataron a un abogado que les asistió en su declaración.
