Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla); PSOE, PA e IU-CA, han advertido de que la comisión informativa celebrada este viernes por la intervención de dos ordenadores y documentación original a manos del Juzgado de Instrucción número ocho ha estado "vacía de contenido", al ser reducida a la lectura de "un comunicado de prensa" y no mediar ni "explicaciones" ni "papeles". La oposición critica que el alcalde no haya estado presente, reclama el cese de los tres ediles del PP imputados por dicha instancia judicial y se personará en las actuaciones. El PA ha reclamado la "intervención" del Ayuntamiento ante la imputación de estos ediles y la "incapacidad" del alcalde para solventar la situación o dar "explicaciones".
El Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis Sanz, quien también ostenta la Secretaría General del PP andaluz, ha celebrado este viernes una comisión informativa a cuenta de la investigación judicial de la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona, la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, y el propio Juan Campos han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho a cuenta de la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía, a la que la oposición del Ayuntamiento de Tomares había elevado los hechos.
En esta comisión informativa han participado el tercer teniente de alcalde, José María Soriano; la quinta teniente de alcalde, Lola Vallejo; los altos funcionarios del Ayuntamiento y los portavoces de las fuerzas de oposición; Cristina Pérez por el PSOE, Alberto Mercado por el PA y Valme Sánchez por IU-CA. Las fuerzas de oposición, en ese sentido, denuncian que los informes en cuestión constaban de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.
El Gobierno local del PP, de su lado, defiende que la contratación de Campos contaba con el "aval" de los altos funcionarios municipales, en referencia a la Secretaría General, la Intervención y la Tesorería General, atribuyendo el asunto a una "denuncia política falsa" de la oposición y augurando el archivo de las actuaciones. La Investigación, de cualquier modo, daba un paso este pasado jueves con la llegada de una comisión judicial al Ayuntamiento para requisar el ordenador de Juan Campos y el de un trabajador municipal y la documentación original del expediente de contratación del mencionado Juan Campos.
En diferentes ruedas de prensa posteriores a la celebración de la citada comisión informativa, la portavoz de IU-CA, Valme Sánchez, ha asegurado que todo deriva de los hechos que ella misma puso en conocimiento de la Fiscalía, arrogando a su fuerza política el protagonismo de la voz de la alarma. Valme Sánchez ha criticado que el alcalde no haya estado presente en la mencionada comisión informativa y ha advertido de que durante la misma, los representantes del Gobierno municipal del PP se habrían limitado a "leer el comunicado de prensa" emitido el día previo. "No ha habido información real. La transparencia de la que habla el PP es una pose, porque el alcalde no da explicaciones de nada", ha enfatizado criticando que la concejal popular Lola Vallejo calificase de "normal" la actuación de la comisión judicial.
IMPUTADOS TRES EDILES DEL PP
Ha negado cualquier "fabulación" de las fuerzas de oposición y ha advertido de que los trabajos por los que Juan Campos recibió remuneraciones municipales durante el pasado mandato no habrían sido realizados, censurando especialmente que el Gobierno local del PP no aclare si los tres ediles imputados "han declarado" o no ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, en el que residen las actuaciones.
El andalucista Alberto Mercado, de su lado, ha tachado de "escándalo" el asunto, ha censurado que el alcalde no haya participado en la comisión informativa pese a que "fue él quien firmó el contrato" de Juan Campos y ha criticado también que la sesión se haya saldado sin la entrega de "ni un sólo papel". "¿Cómo se puede decir que es normal que hayan sido requisados ordenadores del Ayuntamiento?", ha preguntado retóricamente sobre las palabras previas de Vallejo. Igualmente, ha advertido de que el ordenador de Juan Campos habría sido sustituido el pasado mes de octubre, por lo que cree que la comisión judicial intervino un ordenador ajeno a "lo que se está investigando".
Mercado considera que los tres ediles imputados "deberían haber sido cesados" ya y ha advertido de que tras este asunto "hay muchas más cosas detrás", en relación a otros aspectos como la supuesta contratación de personas "afines al PP" por parte de una empresa contratista del Ayuntamiento de Tomares. Además, ha censurado que en el pleno extraordinario celebrado el pasado 19 de diciembre en torno a este asunto no fuese puesto sobre la mesa "que estos tres ediles estaban imputados". Finalmente, ha reclamado la "intervención" del Ayuntamiento de Tomares ante la imputación de estos ediles y la "incapacidad" del alcalde para solventar la situación o dar "explicaciones".
Cristina Pérez, portavoz socialista, ha lamentado también el "vacío" de la comisión informativa al ser reducida a la lectura de "un comunicado de prensa" y ha reclamado también el cese de los concejales imputados. "Esto es un espectáculo bochornoso", ha dicho criticando la "ausencia de transparencia" y avisando de que el alcalde se convertirá en "cómplice" de los concejales imputados si no les destituye. Por último, los portavoces de IU-CA y el PA han asegurado que sus fuerzas políticas se personarán en las actuaciones judiciales, toda vez que los socialistas estudian aún esta opción.
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