La Autoridad Portuaria de Sevilla ha asegurado que continúa confiando en que el proceso de licitación del proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir pueda acometerse en un plazo tal que éste pueda gozar de la financiación por parte de fondos europeos, según ha indicado a Europa Press el presidente del Puerto sevillano, Manuel Fernández.
"Hay margen todavía, no son plazos tan marcadamente estrictos", ha asegurado Fernández, quien ha expuesto que "si es posible" la licitación de la iniciativa se ajustará al año 2013, aunque, si no, "no tendría por qué perderse, pues depende del plazo de ejecución".
El proyecto se encuentra a expensas de que las administraciones den su visto bueno. En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ya estudia el proyecto de protección de márgenes, dado que éste era uno de los puntos pendientes aludidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la hora de declarar como viable la vigente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, ha confirmado este extremo y ha señalado, frente a las peticiones de implicación directa de colectivos ecologistas y de algunas formaciones políticas --una proposición no de ley aprobada en el Parlamento insta a la participación explícita de la Junta a la hora de evitar que el dragado se acometa sin los condicionantes científicos establecidos--, que puede afirmar "con contundencia" que "no se autorizará nada que ponga en peligro el estuario del Guadalquivir".
La titular autonómica de Medio Ambiente ha expuesto también que "si luego se precisa más documentación, o se establecen más condiciones porque no se cumple con lo que la normativa medioambiental o el comité de expertos requiere, pues habrá que pedirla", bajo la premisa de no permitir una acción que suponga la salinización de los cultivos de arroz de la zona.
Serrano ha recordado que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, "ya ha manifestado que no iba a pasar a la historia como el ministro que permitió que se salinizaran los cultivos del entorno, por lo que se ve que también es consciente de la complejidad del proyecto y de las consecuencias que éste puede tener". La Consejería, ha finalizado, debe autorizar "algo que medioambientalmente garantice que no hay peligro para el estuario del Guadalquivir".
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