La Universidad Pablo de Olavide (UPO) cuenta en la actualidad con un fondo de cerca de 50.000 euros que se utilizará para el mecenazgo de estudiantes en situación económica precaria, una cantidad que desde la entidad académica esperan que crezca gracias a donaciones públicas y privadas pero que, en palabras del rector de la UPO, Vicente Guzmán, “nunca debe sustituir a las aportaciones que deben realizar a la Universidad las administraciones públicas”.
“La Ley de Mecenazgo es algo en lo que se debe avanzar siempre en base a la premisa de transparencia con los fondos que lleguen por esta vía”, señaló Guzmán, añadiendo que esta fórmula “permite alianzas estratégicas entre la universidad y la sociedad para salir del escenario depresivo”.
Así, el rector informó que los fondos con los que cuenta la UPO en estos momentos provienen de particulares, de la Fundación Persán, Fundación Cajasol y de ayuntamientos y Diputación de Sevilla. Guzmán también especificó que, aunque por ahora no tiene constancia de que ningún alumno de la Olavide haya tenido que abandonar los estudios por temas económicos, sí hay 79 casos “traumáticos” de estudiantes (el 2,5% de los becados) que, debido al nuevo sistema de becas, tienen que devolver el importe de la ayuda.
Rendimiento académico
A pesar de este escenario de crisis, desde la Olavide quisieron destacar los números positivos de una entidad con “los mejores resultados de alumnos de nuevo ingreso” (en este curso tan sólo se han quedado sin cubrir un 2,7% de las plazas) y con un rendimiento académico “envidiable”. Así, la UPO cuenta con una tasa del 75,76% de los créditos matriculados aprobados, siendo la primera a nivel andaluz y octava en el ámbito nacional (con una tasa del 69,70%). En cuanto a terceras y cuartas matrículas la Olavide está por debajo del 10% y la tasa de abandono, en el 15,22%, por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econónico (OCDE), con un 15,5%, y del sistema universitario español, con cerca del 30%.
Con respecto al tema del profesorado, muy vinculado a la tasa de reposición del 10% que marca el Gobierno central, el rector señaló que, “a pesar de estar a favor de la idea de que el funcionariado ofrece garantías”, a la Olavide le es imposible llegar en estos momentos a la tasa del 51% impuesta por el Gobierno (altualmente la tienen en el 29%) y apuesta para que esta tasa se sitúe en el 30%.
Y es que, desde la implantación de este 10% de reposición, la Olavide ha perdido nueve profesores y sólo ha podido restituir a uno. Además no se ha renovado el contrato a 38 asociados ni prorrogado dos comisiones de servicio, lo que suman 48 plazas perdidas, algo que no supone bajar la “calidad” de la enseñanza o de la investigación (a fecha de hoy la UPO mantiene 363 proyectos, con 3,3 millones de euros), aunque se mantienen con dinero captado en etapas en las que “aún se consignaban fondos”.
En cuanto a la financiación, Guzmán apuesta por “un modelo en el que no primen los factores cuantitativos”. En este sentido la Olavide ha decidido aplicar un plan de reequilibrio y, gracias al mecanismo de pago a proveedores, la UPO ya ha abonado 11,1 millones de euros en facturas, dejando la deuda en 7,5 millones. Por otro lado cuenta con un débito de 23 millones, de los que 16 son a deber por parte de la Junta.
Propondrá a Ramírez Garrido como Defensor
El rector de la Olavide propondrá al Consejo de Gobierno el nombramiento de Juan Daniel Ramírez Garrido como comisionado defensor después de que éste no lograra la mayoría para el cargo en la última votación.
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