El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), gobernado por el andalucista Francisco Jiménez, ha defendido este lunes que la gestión directa de la ya extinta Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), declarada en concurso de acreedores en 2012 y ya en fase de liquidación, estaba en manos de la figura del consejero delegado. El Ayuntamiento, así, alegará ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla en defensa del alcalde, a quien la Fiscalía atribuye culpas directas de la quiebra de esta sociedad.
Fue a comienzos de 2012, recordémoslo, cuando el Ayuntamiento de Utrera anunció un concurso voluntario de acreedores para la sociedad de desarrollo municipal Produsa, participada también, pero minoritariamente, por las sociedades Prodetur e Inpro, pertenecientes a su vez a la Diputación provincial. En aquellos momentos, la plantilla de Produsa llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la empresas y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores.
CONCURSO DE ACREEDORES
En diciembre de 2012, los administradores concursales comenzaron la fase de liquidación de Produsa, siendo declarada disuelta esta sociedad pública y siendo aprobado el 17 de junio de 2013 su plan de liquidación. Trasladados a la Fiscalía los hechos contenidos en la gestión de Produsa, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número dos que el alcalde de Utrera, junto a otros miembros de la Corporación y los representantes de las sociedades de la Diputación Prodetur e Inpro sean declarados "culpables" de este concurso de acreedores a cuenta de su papel en el consejo de administración de la empresa y las "irregularidades contables" detectadas en su gestión.
Dado el caso, el Ayuntamiento de Utrera explica en un comunicado que todo responde a la fase de calificación del procedimiento de liquidación implícito en el concurso de acreedores, en el que el informe elaborado por la administración concursal se centra en "irregularidades y retrasos en la contabilidad".
RETRASO CONTABLE
El informe de la administración concursal, según el Ayuntamiento de Utrera, "recoge que a la fecha en que se presentó la solicitud del concurso, el 17 de abril de 2012, ya habrían debido estar formuladas las cuentas anuales de 2011 y, sin embargo, no estaba ni cerrado el ejercicio".
En cuanto al consejo de administración, el informe de la administración concursal, según el Consistorio, recoge que éste "tiene delegadas de forma permanente las facultades de gestión en la figura del consejero delegado". "Al consejo de administración se le presentaban las cuentas para su formulación junto al informe de auditoría y las últimas cuentas presentadas para su formulación, correspondientes al ejercicio 2010, lo fueron el 30 de marzo de 2011 y arrojaban resultados positivos", defiende el Consistorio Utrerano.
MEDIDAS AL RESPECTO
Así, defiende el Consistorio que "se puede entender que el consejo de administración, hasta ese momento, no hubiera tomado conciencia de la situación de insolvencia en la que se encontraba la compañía", toda vez que fue el consejo de administración nombrado el 12 de septiembre de 2011 "el que tomó conciencia de la situación de insolvencia presentada por el consejero delegado", acordando después el mencionado concurso voluntario de acreedores.
"La administradora concursal entiende que la calificación de culpable no puede afectar por igual a las personas que actuaron con la diligencia debida, entendiendo que el consejo de administración tomó las medidas adecuadas cuando fue alertado de la situación en que se encontraba la empresa", dice el Ayuntamiento, según el cual las responsabilidades recaen con mayor fuerza en los consejeros delegados José Jiménez Álvarez (2007/2012) y Juan Carlos García Marín (a partir del 12 de septiembre de 2011).
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA
En cuanto al Ministerio Fiscal, "amplía la responsabilidad a los dos últimos consejos de administración de Produsa, solicitando tres años de inhabilitación para Juan Luis Montoya López, Carlos Javier Sánchez Soto y los representantes de la sociedades provinciales Inpro y Prodetur, mientras para los miembros del último consejo de administración solicita dos años de inhabilitación. Hablamos de Juan Carlos García Marín, Consuelo Navarro Navarro, Antonio Plata Casado y Francisco Carrasco Calero.
En el caso del consejero delegado José Jiménez Álvarez y del alcalde de Utrera y presidente del consejo de administración, Francisco Jiménez Morales, la petición de inhabilitación es de cinco años, si bien "en los próximos días se presentarán las alegaciones correspondientes a la propuesta de declaración de culpabilidad".
HABRÁ ALEGACIONES
El portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Utrera, José Hurtado, ha defendido al respecto que "resulta muy difícil comprender la petición de la Fiscalía porque, sin aportar más datos que lo ya recogido por la propia administradora concursal en su informe, en el que queda argumentado el desconocimiento de los miembros del consejo de administración de la situación de la empresa y que es el consejero delegado quien está facultado para todas las gestiones, parece que no tiene mucho sentido querer ampliar responsabilidades a otras personas".
Aún así, Hurtado asegura tener "absoluta confianza en la Justicia y, por supuesto, en la gestión del alcalde que siempre ha estado dirigida a mantener la viabilidad de Produsa y los puestos de trabajo de toda la plantilla, hasta que fue informado de la imposibilidad de continuar debido a la crisis que, insisto, está afectando a miles de empresas".
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