El PP de Sevilla ha advertido este viernes de que las deudas e impagos de la Administración autonómica en materia de políticas de empleo está repercutiendo en la lucha contra el paro. Los impagos, según los populares, se remontan incluso a 2009 y no habría sido hasta febrero de este año cuando ha sido resuelta la convocatoria 2011 de subvenciones correspondientes a las escuelas taller, talleres de empleo o casas de oficio promovidas por los propios ayuntamientos.
Los parlamentarios autonómicos del PP de Sevilla Rafael Salas y Patricia del Pozo han protagonizado este viernes una rueda de prensa sobre las políticas de empleo de la Administración autonómica. Como punto de partida, han expuesto una "radiografía" de la situación del desempleo basada en los datos de la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre de 2013, que contabilizaba en la provincia de Sevilla 307.500 parados, una tasa de desempleo del 33,1 por ciento y más de 97.000 hogares con todos sus miembros en paro. Sobre estos datos, cabe recordar que afortunadamente, la provincia ha encadenado después dos meses consecutivos de bajada del desempleo.
PARO, DEUDAS Y AYUNTAMIENTOS
Pues bien, los dirigentes populares han advertido de que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según datos a fecha de 1 de mayo de 2013, no ha destinado a la provincia "más de 19 millones de euros" reconocidos como "obligaciones desde años anteriores". Esgrimiendo una respuesta parlamentaria del propio Gobierno andaluz, los populares avisan de que "casi 14" de esos 19 millones de euros "se los deben a los ayuntamientos por políticas de fomento del empleo, formación para el empleo y programas de formación para el empleo".
En ese sentido, han señalado que estos 14 millones de euros constituyen "prácticamente la misma cuantía que corresponde a la provincia de Sevilla" en el decreto Ley de la Junta de Andalucía de medidas contra la exclusión social, que propicia la contratación de personas desfavorecidas a través de actuaciones promovidas por los ayuntamientos. Avisando de que dicho decreto se financia con el dinero que la Junta retiene a los ayuntamientos de la participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma, los populares advierten de que el citado decreto está siendo sufragado, precisamente, "con dinero que correspondía a los ayuntamientos". "Lo comido por lo servido", critican.
DESDE 2011
Igualmente, han advertido de que no ha sido hasta el 11 de febrero de 2013 cuando la Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria 2011 de subvenciones correspondientes a las escuelas taller, talleres de empleo o casas de oficio promovidas por los propios ayuntamientos. "El 87 por ciento de los proyectos aprobados son talleres de empleo, que tienen un año de duración y deberían haber terminado hace ya meses".
Tal extremo lo han ligado, finalmente, con una deuda de 25 millones de euros con las empresas del sector de la formación en la provincia y una deuda de 1,1 millones de euros de la Consejería de Empleo con los centros especiales de empleo, extremo que afectaría a unas 1.500 personas discapacitadas que recurren a estos centros especiales de empleo. "Los impagos se acumulan desde 2009 o incluso 2008", han enfatizado reclamando al Gobierno andaluz que no culpe de esta situación al Gobierno central del popular Mariano Rajoy.
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