La polémica entre un grupo de familias que residen en varias promociones de viviendas de Emvisesa en Sevilla Este y el Ayuntamiento hispalense está servida.
Las nueve familias afectadas -antes eran diez- denuncian que, a pesar de que los pisos les fueron entregados de forma oficial por la empresa municipal de vivienda y que pagan sus cuotas “religiosamente” todos los meses, han sufrido varios “intentos de desalojo” y que están siendo acosados para que abandonen sus casas, toda vez que creen que se trata de “un error administrativo que Emvisesa se niega a reconocer”.
Por su parte, desde Emvisesa aseguran que se trata de una ocupación ilegal, asunto que la Policía Nacional investiga desde que fuera detectado el pasado octubre, además de que no se está cobrando ningún recibo a estas familias al “no ser los ocupantes legales” de los inmuebles.
En una rueda de prensa que ofrecieron ayer las familias, junto al portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, los vecinos pidieron al equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido una solución al problema. “Sólo pedimos tranquilidad y le ruego a Zoido que nos deje vivir y luchar por buscar un trabajo, pero no por tener un lugar donde dormir”, señaló Desiree Otero, una de las vecinas afectadas, al tiempo que indicó que Emvisesa “nos querrá echar, pero cobra todos los meses”.
Otro vecino afectado, José Domínguez, explicó que en su día le reclamó a Emvisesa su contrato de alquiler “que me dijeron que me enviarían” y que a cambio la empresa pública le envió un burofax para que abandonara el piso en tres días, comenzando después la vía judicial.
Según Torrijos, que está mediando por los vecinos en la polémica y que acusa al Ayuntamiento de estar practicando un “inhumano escrache” con ellos, Emvisesa ha llegado a imputar por usurpación a uno de los matrimonios afectados y a sus dos hijas de cinco y siete años, que han recibido una citación en las que se les llama a comparecer “en concepto de imputado como responsable de un posible delito de usurpación”. “Esto no es un desalojo porque pagan su alquiler”, dijo Torrijos, que ha pedido una comisión de investigación ante este “escándalo”.
Por su parte, el delegado de Urbanismo y responsable de Emvisesa, Maximiliano Vílchez, explicó ayer que los pisos tenían las cerraduras cambiadas y que una de las familias ya ha devuelto las llaves al reconocer que se trata de una ocupación ilegal. “El señor Torrijos debería apoyar a la administración y a la Justicia”, finalizó.
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