Un juzgado ha tomado declaración, como imputado, a Lorenzo Medina Moya (PSOE), alcalde de Guillena y presidente de la empresa municipal de aguas, por un presunto delito contra el medio ambiente por verter aguas residuales sin depuración al río Ribera de Huelva.
Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, Manuela Ruiz Falcón, comparecieron como imputados ayer martes ante la juez de instrucción 13 de Sevilla, que tramita una denuncia de la Fiscalía a instancias de la asociación Ecologistas en Acción.
El fiscal los responsabiliza del vertido no autorizado de 388.800 litros diarios de aguas residuales sin previa depuración ni autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), lo que compromete "gravemente" la flora y fauna fluviales.
Además les imputa la construcción de un vado fluvial sin permiso.
Las citadas fuentes han indicado a Efe que el alcalde argumentó que el Ayuntamiento está tomando iniciativas, ha entablando conversaciones con empresas y en la zona se ha construido ya una depuradora, si bien se trata de inversiones muy costosas, difíciles de financiar debido a la crisis actual.
El edil aportó abundante documentación en apoyo de su argumentación, han añadido.
Según la querella de la Fiscalía, los denunciados han permitido un "vertido continuado de tóxicos" y no han adoptado "medida seria y eficaz de ninguna clase para impedirlo o moderarlo" pese a que, al menos desde 2008, la Guardia Civil, la Fiscalía y el jugado número 19 de Sevilla investigan este presunto delito ambiental.
También sostiene que pese a la promesa formulada en abril de 2009 por la empresa municipal de aguas de la "inmediata" puesta en funcionamiento de una depuradora en el plazo de un mes "no se ha hecho nada constatable en estos tres años para solucionar o mitigar" este vertido contaminante.
El análisis de estas aguas residuales ha confirmado la presencia de un "exceso de valores en conductividad", así como de una "concentración de nitratos, sólidos en suspensión, amonio y tensioactivos aniónicos, que superan la normativa reglamentaria".
La querella también responsabiliza a ambos cargos municipales de la construcción de un vado sobre el Ribera de Huelva respecto al cual un informe de la Guardia Civil "contradice las explicaciones del alcalde al constatar que no se trata de obras de adecentamiento sino de nueva construcción que carece de permiso alguno".
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