La huelga de basuras de El Coronil ha sufrido desde sus inicios cruces de acusaciones entre el alcalde (PSOE) y los convocantes (SAT) de politización, aunque cuando ha llegado realmente ha sido con la entrada de los partidos provinciales y la acusación directa de IU al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de “perturbar la paz social” al “criminalizar” el conflicto, provocando una reacción en cadena de declaraciones.
Tras la intervención de la empresa Tragsa en la limpieza de todo el municipio tras decretarse la alerta sanitaria por parte de la Junta y confirmarse que la huelga continuaba, el coordinador provincial de IU, Manuel Gutiérrez Arregui, acusaba a Griñán de “perturbar la paz social” al haber “criminalizado” la convocatoria de huelga al hablar de “coacciones”.
“Estas afirmaciones no contribuyen a la búsqueda de un final negociado del conflicto y perturban la paz social que dice perseguir Griñán. Acusar a un sindicato de coaccionar sólo busca criminalizar el conflicto social, actuando de parte en vez de fomentar el diálogo y la negociación. Esto es más grave, si cabe, porque las declaraciones no las hace como responsable político de un partido, sino como presidente de todos los andaluces”, avisaba Gutiérrez Arregui.
En defensa del presidente salía el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, quien resaltaba que Griñán se refirió en todo momento a la situación que sufre El Coronil por el mantenimiento de la huelga de basuras “defendiendo el derecho a la huelga de los trabajadores y también en defensa del derecho a la salud de los ciudadanos”.
Muñoz instaba a Arregui “a sumar en este asunto pidiéndole al SAT que respete los servicios mínimos de manera que los vecinos y vecinas de El Coronil no padezcan aún más las consecuencias de este conflicto”, y resaltaba “el magnífico trabajo” del alcalde Jerónimo Guerrero, “en un momento complicado en el que está tratando de buscar el máximo consenso en defensa de su pueblo”.
Por su parte, desde el PP de Sevilla, su secretario general, Eloy Carmona, manifestaba su apoyo al alcalde y a los vecinos, defendiendo que el Estado, a través de Tragsa y de la Guardia Civil, “ha tomado cartas en el asunto para garantizar la salud de los vecinos” y acusa al Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía de haberse “desentendido” del asunto.
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