El secretario general de Facua Sevilla, Rubén Sánchez, ha afirmado que es "rotundamente falso" que el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), esté "atado de pies y manos" en cuanto a la devolución de las fianzas de 1.000 euros a los vecinos que optaban a alguno de los aparcamientos que construiría Resipark, advirtiendo de que el consistorio cuenta con una "responsabilidad civil subsidiaria" y que debe hacer frente a tales devoluciones si la empresa finalmente no lo hace.
Sánchez ha señalado a Europa Press que la responsabilidad del Ayuntamiento "existe", aunque "cuando se iniciara la situación Zoido no fuera alcalde, sino Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), con Francisco Fernández como delegado de Movilidad, quien puso en marcha una campaña de captación de clientes para la antigua Equipark, con una publicidad en la que aparecía el logotipo de Ayuntamiento, e instaba a pagar la reserva de 1.000 euros".
"El antiguo delegado de Movilidad hizo un tour por Sevilla, con reuniones con vecinos, invitando a pagar esa cantidad, algo de lo que hay pruebas documentales", añade Sánchez, que menciona además la colocación del logo del Ayuntamiento, lo que asegura lo convierten en "corresponsable de lo ocurrido". En este sentido, deja claro que el Ayuntamiento tienen que "hacer frente, si la empresa no lo hace, a la devolución de la fianza de las arcas públicas".
Además, recuerda que Zoido en la oposición y en campaña dijo textualmente a los vecinos afectados que "por encima de su cadáver se devolvería el dinero, dando su palabra mi palabra de honor", algo ante lo que ahora Sánchez se pregunta su ha olvidado su promesa. "Si la empresa no tiene dinero, tendrá que salir lamentablemente de las arcas públicas porque tiene esa corresponsabilidad por ser participe de la captación de usuarios y contar también con la promesa electoral de Zoido", afirma, añadiendo que "si no cumple, sería un fraude electoral por parte del alcalde".
De este modo, insta al Ayuntamiento a rectificar en su postura y asumir que "si no paga la empresa, lo debe hacer él, para que los vecinos afectados no tengan que reclamarlo por vía judicial". "Sería lamentable e irresponsable que se le obligase a los vecinos a requerirle el pago por vía judicial, teniendo en cuenta que el ayuntamietno fue uno de los anunciantes de la oferta y los vecinos contaban con su garantía", sentencia.
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