El inspector de trabajo Pedro Pinilla ha testificado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, en el marco de las diligencias incoadas por el intento de incluir 31 'intrusos' en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera. Este ERE, como se recordará, contemplaba inicialmente 150 despidos, aunque el número final de puestos de empleo a extinguir se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, Pedro Pinilla testificó ante esta instancia judicial el pasado 9 de julio. Se trataría del autor del informe de la Inspección de Trabajo que detectaba "un indicio racional de fraude" en el primer acuerdo destinado a resolver este ERE, pues en un principio fueron incluidos en el procedimiento 31 trabajadores que ya no prestaban sus servicios en la base aérea.
'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, impulsó en 2010 un ERE para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación, el 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.
LA AUTORIZACIÓN DEL ERE
La autorización de este expediente de regulación de empleo, emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento.
En uno de estos informes, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituía "un indicio racional de fraude".
EXCLUSIÓN DE LOS 'INTRUSOS'
No obstante, la autorización del ERE recogía que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados acogidos al procedimiento.
Pues bien, el Juzgado de Instrucción número 15 investiga actualmente una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base aérea de Morón que entienden que todos estos hechos sugieren "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de dicho municipio.
La denuncia, recogida por Europa Press, atribuye al alcalde de Alcalá el papel de "mediador en la sombra" en la negociación de este ERE al haber participado en "reuniones" con 'VBR', el comité de empresa y diversas instituciones "sin que se conozca quién le designa como tal". En paralelo, la denuncia avisa de que el concejal socialista de Alcalá de Guadaíra Francisco García Jiménez "renunció a sus cargos" y se reincorporó a 'VBR', donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, "una semana después de que fuese elaborada la lista (de trabajadores afectados por el ERE) y dos semanas antes de que se solicitara el expediente de regulación de empleo".
"NO HAY ERROR VOLUNTARIO"
"No existe error involuntario que provocara la inclusión de estos 31 'intrusos' en la lista, sino que estamos hablando de una decisión consciente de la empresa avalada por los firmantes del acuerdo (...) para engañar a la contratista, en este caso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que exigía el despido de 150 trabajadores", resume la denuncia sobre la "decisión tomada por las partes de incluir 'intrusos' en la lista final del ERE".
Argumenta la denuncia, finalmente, las circunstancias de las víctimas del ERE, como es el caso de un miembro de UGT que cumplía la edad de jubilación al mes siguiente y que cobró una indemnización de cerca de 123.000 euros, un hermano del citado concejal socialista miembro además de UGT, otro miembro de UGT padre de un dirigente de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra, el presidente de tal agrupación y su hermano, --que sólo afrontaba cuatro años hasta su jubilación--, un exconcejal del PSOE de Morón o incluso el caso de Juan Michi, secretario general de la agrupación socialista de Pino Montano al que le restaban cuatro años para la jubilación y que habría cobrado una indemnización por despido de aproximadamente 134.000 euros, siempre según la denuncia.
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