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Martes, 17/09/2019
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España

Zapatazo y tres tartazos, caras de la misma moneda

Los autores del tartazo a la presidenta navarra gozan de libertad provisional , que le fue denegada al kurdo del zapatazo a Erdogan en Sevilla

  • Hocman Joma
El pasado 29 de octubre la presidenta del Gobierno de Navarra recibió tres tartazos en Tolouse (Francia) a manos de activistas contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) que, tras pasar a disposición judicial , quedaron en libertad condicional. En Sevilla, en febrero de 2010, un joven kurdo, Hockman Joma, lanzó uno de sus zapatos al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que salía del Ayuntamiento hispalense tras recibir un premio. El joven erró el lanzamiento y el zapato ni rozó al mandatario turco, pero Joma fue detenido, se le negó la libertad condicional y ahora cumple una condena de tres años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad.

La forma de actuar de la Justicia en el caso de los tartazos viene a ratificar las tesis mantenidas hasta ahora por el abogado de Joma, Luis Ocaña: “Si el zapato lo hubiera lanzado un español no estaría en la cárcel y hubiera tenido libertad provisional antes del juicio”. El juez imputa a los activistas anti TAV un delito contra la autoridad, que podría acarrear entre dos y cuatro años de prisión, pero les ha concedido la libertad condicional, algo que a Hockman Joma le fue denegado al considerar la jueza que existía riesgo de fuga porque carecía “de trabajo estable”.

“Esto es una muestra de la doble vara de medir de la Justicia. Aunque existan diferencias, el caso es muy parecido, si biencon dos diferencias fundamentales”, resume Ocaña. La primera es que Joma no alcanzó con el zapato a Erdogan, por lo que existiría “sólo tentativa en el delito, mientras en el caso navarro se trata de hechos consumados”. Otra es que al ser Erdogan un mandatario extranjero supone una agravante, aunque para Ocaña “eso nada tiene que ver para conceder o no la libertad condicional, que fue denegada a Joma”.


El grupo de Juristas 17 de Marzo, al que pertenece Ocaña, y la asociación Pro Derechos Humanos siempre criticaron “el uso de la prisión provisional como una medida represiva y el uso político de la Justicia”. Más de cuarenta colectivos se unieron en un comunicado para pedir la absolución de Joma que, durante su juicio, llegó a decir al juez que aceptaría “cualquier condena” a cambio de no ser deportado a Siria. “Si me expulsan me condena a muerte”, suplicó al juez.

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