El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha defendido que su institución va a seguir siendo "el altavoz" de las protestas y quejas en los municipios de la provincia por el "alarmante deterioro" de la sanidad pública, así como de las críticas al "proceso de privatización absoluta de la sanidad, porque o se ataja a tiempo o tendrá consecuencias irreversibles".
En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández, también secretario general del PSOE de Sevilla, ha retomado el debate suscitado a cuenta del encierro de 24 horas celebrado en la Diputación el pasado 9 de julio por más de 20 alcaldes/as de la Campiña y la Sierra Sur cuyos municipios figuran en el área sanitaria de Osuna, como "llamada de atención" al Gobierno andaluz del PP y mensaje de "basta ya" ante la prolongada "situación absolutamente crítica" de la asistencia sanitaria en los 24 municipios de esta zona que suma más de 44.000 habitantes y que arrastra años y años de demandas de mejoras en este servicio.
Ante esta protesta de alcaldes principalmente del PSOE y de IU, el Gobierno andaluz del PP alegaba que el origen del problema de los servicios sanitarios de esta comarca y de la sanidad andaluza en su conjunto es el "déficit brutal de médicos", extremo que achacaba al Gobierno central del PSOE, al que los populares reclaman una convocatoria extraordinaria de Médicos Internos Residentes (MIR) para cubrir las vacantes en Andalucía y hacer frente a la situación.
Así, en un marco en el que no pocos ayuntamientos de la provincia vienen alertando de mermas en los centros de salud al no ser cubiertas las bajas o vacaciones de la plantilla y el PP asegura que el conjunto de Andalucía cuenta con unos 30.000 profesionales sanitarios más desde que dicho partido gobierna la región; Javier Fernández ha asegurado que en sus visitas por la provincia ha comprobado que "en todos los pueblos, independientemente del color político" del gobierno local, se habla "del alarmante deterioro de la sanidad pública".
Frente al "presupuesto récord" de 14.246 millones de euros esgrimido respecto a la sanidad por el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, que afronta críticas por el alza de los conciertos con las clínicas privadas; Javier Fernández ha asegurado que la realidad a pie de pueblo se traduce en quejas por la situación de la atención primaria, "la desaparición de pediatras" en los municipios al no ser cubiertas sus bajas o vacaciones, "atrasos" en las citas para consultas de especialidades o "esperas que se eternizan para operaciones quirúrgicas".
Al punto, ha recordado que las competencias respecto a la prestación del servicio público de salud "son autonómicas" y corresponden por ende a la Junta, que gobiernan los populares; asegurando que la Diputación va a seguir siendo "el altavoz" de las quejas en los municipios por la situación de la sanidad pública.
"Vamos a seguir denunciando el proceso de privatización absoluta de la sanidad, porque o se ataja a tiempo o tendrá consecuencias irreversibles"; ha enfatizado el presidente de la Diputación, precisando que no se opone a una oferta de sanidad privada, sino que rechaza que la Administración "obligue" indirectamente a la ciudadanía a recurrir a la misma por la situación del sistema público. "Tiene que haber una sanidad pública de primer nivel y que la ciudadanía decida", ha explicado.
Javier Fernández también ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP haya autorizado a la Universidad Pontificia Comillas, una institución privada, la impartición de enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, extremo al que se oponían los rectores de las universidades públicas; después de que dicho centro se desligase de la Hispalense.
Al punto, el presidente de la Diputación ha compartido la postura de los rectores de las universidades públicas andaluzas, porque "en lo educativo y la universidad sí hay que restringirlo casi todo a lo público, al estar en juego las oportunidades de futuro". Y es que según alerta, cabe la posibilidad de que en un centro privado el estudiante sea directamente "considerado como un cliente más que compra un producto" y la oferta privada degenere en "un sistema en el que la gente pueda comprar un título académico".
