La regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Sevilla que está preparando el Gobierno municipal de José Luis Sanz con ha conseguido el respaldo de CCOO Sevilla, quie considera que “amenaza la calidad de vida” de los residentes e incidirá aún más en problemáticas ya detectadas, como el acceso a la vivienda, la sobrecarga de las infraestructuras y la alteración del comercio local.
Según ha expuesto el secretario de Política Institucional de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, las alegaciones del sindicato reclaman una “revisión urgente para proteger los derechos” de los vecinos, tras aprobarse en Pleno de forma inicial la regulación que establece en un 10% el número de viviendas de uso turístico.
Para Lebrón, “la decisión de limitar el número de viviendas de uso turístico en un 10% carece de justificación técnica y comparativa con otras ciudades. Mientras que ciudades como Barcelona y Madrid mantienen porcentajes que oscilan entre el 1% y el 7%, Sevilla enfrenta tensiones significativas en áreas como el Casco Antiguo, con porcentajes que superan el 18%”.
En este sentido, Lebrón ha recordado que “el aumento descontrolado de viviendas de uso turístico en Sevilla ha generado una serie de problemas que afectan directamente la calidad de vida de la ciudadanía. Desde la escasez de viviendas disponibles, recordemos las enormes carencias para el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, hasta la sobrecarga de infraestructuras y la alteración del comercio local. La situación demanda una intervención eficaz y responsable por parte de las autoridades municipales”.
También ha señalado que “la falta de un plan integral y la ausencia de medidas complementarias para regular el impacto del turismo en las zonas residenciales reflejan una falta de voluntad política para abordar los problemas existentes. Desde CCOO instamos al Ayuntamiento de Sevilla a implementar medidas efectivas que protejan los intereses de las personas residentes a largo plazo”.
Entre las propuestas realizadas por CCOO está la elaboración de un Plan Especial de Usos Turísticos, la individualización de consumos comunitarios y la consideración de la vivienda turística como uso terciario, buscando “garantizar la convivencia vecinal, promover la sostenibilidad ambiental y evitar la especulación inmobiliaria”.
“Es hora de priorizar el bienestar de la comunidad y evitar la expansión descontrolada del mercado turístico en detrimento de la ciudadanía”, reclama, demandado al Ayuntamiento una “revisión de las medidas adoptadas y tome acciones concretas para proteger la calidad de vida de los vecinos”.
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