La Audiencia de Sevilla ha condenado a ocho años y diez meses de cárcel a un teniente de la Guardia Civil que había ayudado a narcotraficantes y fue juzgado el pasado febrero por delitos de cohecho, tráfico de drogas en grado de tentativa y hurto también en grado de tentativa tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.


El jurado consideró probado que el teniente de la Guardia Civil había ayudado a organizaciones de narcotraficantes y que había intentado robar un cargamento de hachís que estaba custodiado en su lugar de trabajo, la Comandancia de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).

En la sentencia, fechada el 14 de marzo y notificada este lunes a las partes personadas, la Audiencia condena al guardia civil acusado a cinco años de prisión, once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 3.600 euros por un delito de cohecho.

Además, le condena a tres años de cárcel y multa de 1.500.000 euros por otro de tráfico de drogas; seis meses de prisión por hurto y a cuatro meses por un segundo delito de hurto intentado, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que le absuelve de un delito de revelación de secretos.

Asimismo, la Audiencia condena a un segundo investigado a un año y medio de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros por cohecho; un año de cárcel y multa de 600.000 euros por tráfico de drogas en grado de tentativa; dos meses de prisión, que por imperativo legal se sustituyen por el pago de una multa de 720 euros, por un delito de hurto en grado de tentativa; y tres meses de cárcel por un segundo delito de hurto intentado, concurriendo las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Un tercer acusado ha sido condenado a nueve meses de prisión y el pago de una multa 600.000 euros por tráfico de drogas en grado de tentativa; dos meses de prisión, que por imperativo legal se sustituyen por el pago de una multa de 720 euros, por hurto en grado de tentativa, y tres meses de cárcel por un segundo delito de hurto intentado, concurriendo las atenuantes de confesión tardía, drogodependencia y dilaciones indebidas.

Según recoge la Audiencia, el jurado popular consideró probado que el teniente de la Guardia Civil, destinado en los años 2019 y 2020 en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sevilla, a través del segundo de los acusados, José María C., “con el que mantenía relaciones cordiales y al que conocía desde bastante años atrás, tuvo conocimiento de los contactos de éste con personas que se dedicaban al tráfico de drogas".

El principal condenado "accedió a colaborar ofreciendo la información policial que, como intermediario entre los narcotraficantes y él, le era solicitada” por José María.

El agente de la Guardia Civil “accedió a las bases de datos a las que tenía acceso por su cargo, pero la información era de escasa relevancia e interés para los narcotraficantes", por lo que intentó atraer” a un agente encubierto -funcionario de la Policía Judicial, teniente del EODA y responsable de la investigación del tráfico de drogas en Sevilla, que había sido autorizado judicialmente para dicha actuación.

En la noche del 7 de agosto de 2020, los tres acusados, en compañía del agente encubierto, se dirigieron al contenedor de la Comandancia donde se guardaba la droga intervenida en operaciones policiales y, “teniendo conocimiento de que en su interior había una cantidad importante de hachís, se apoderaron de 29 fardos”.

Los acusados dejaron en el lugar donde se encontraba la droga otros 16 fardos de aspecto similar que contenían arena para “no originar sospechas de que se habían apoderado de la droga”, tras lo que cargaron los fardos en una furgoneta que fue interceptada por la Guardia Civil cuando abandonaba la Comandancia y en cuyo interior se encontraban dos de los acusados, mientras el agente investigado salía de la Comandancia en un vehículo oficial.

El valor de la droga intervenida a los tres investigados asciende a 1.525.459,13 euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”, según la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).