La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla ha rechazado la petición de la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa) de realizar una inspección a las obras de rehabilitación de las Reales Atarazanas, argumentando que "no procede", despues de que la asociación conservacionista, tras reunirse con un técnico de ese organismo, haya considerado que los trabajos han sido sometidos a una modificación y que no cuenta con los preceptivos informes de la Gerencia ni de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

El portavoz de Adepa, Joaquín Egea, ha considerado que el quid de la cuestión reside en que tras comenzar las obras en febrero de 2022, promovidas por La Caixa como gestora de este monumento propiedad de la Junta, desde septiembre de 2023 pesaría un "reformado" del proyecto pactado entre las autoridades y el colectivo para desjudicializar el conflicto derivado del diseño inicial.

Las modificaciones del proyecto, según asegura, no contarían con los preceptivos informes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ni de la Comisión de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Turismo y Cultura. Según Egea, un documento reformado del diseño original que necesitaría "una nueva licencia" de obras con todos los parabienes asociados a dicha figura.

En el encuentro de los activistas de Adepa con el técnico de la Gerencia de Urbanismo, según Egea, habría quedado de relieve, según ha insistido, que no consta "licencia, dictamen de Patrimonio o informe técnico" sobre las reformas detectadas en el proyecto, por lo que el colectivo ha resuelto solicitar que el servicio de Inspección de la Gerencia visite el monumento, para averiguar si hay obras en marcha que respondan a las modificaciones supuestamente introducidas.

En caso afirmativo, ha precisado que correspondería dirimir entre una suspensión completa de las obras, cuya finalización estaría prevista para junio, o una paralización ceñida exclusivamente a trabajos derivados del mencionado "reformado de proyecto" cuya existencia asegura Adepa.

Sin embargo, desde la Gerencia de Urbanismo se ha señalado que "no procede hacer inspección de la obra, ya que cuenta con licencia", además de que "se trata de una obra que está en un edificio de la Junta, que a través de su Delegación de Cultura tiene el control y tutela del patrimonio y de esta obra".

Igualmente, Urbanismo precisa que se trata de una obra con actividad arqueológica, por lo que tiene "vigilancia continua por los técnicos de la Consejeria y sus arqueólogos".

Proyecto de restauración

Recientemente, Egea evaluaba la situación del proyecto de restauración de este monumento, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

Las obras comenzaron en febrero de 2022, hace ya casi dos años, después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria de su explotación y Adepa firmasen un acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.

Y es que aunque el diseño inicial de la actuación, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; un juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo.

Para Adepa, aquel proyecto original suponía un "crimen patrimonial" al no recuperar la cota original del monumento y contemplar "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada, extremo finalmente plasmado en el convenio de diciembre de 2017, mediante el cual se desjudicializaba el asunto.

El acuerdo implicaba una remodelación del diseño original de Vázquez Consuegra, mediante las aportaciones y recomendaciones de un grupo de trabajo formado por varios miembros de Adepa y técnicos de la consejería de Cultura.

Entre otros aspectos, incluiría la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares; la inclusión de excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade o la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro.

Ya en octubre de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017.

Entre las "consideraciones" de la Comisión figuraban por ejemplo la idea de que se "contemple la posibilidad de excavar la zona anexa al Postigo del Aceite", "retirar los tubos de inyección de los refuerzos y recalces bajo la cimentación de las pilastras" y "contemplar la posibilidad de prescindir o no" de la "nueva escalera diseñada para permitir el acceso a la zona excavada", como consecuencia de "su ubicación junto a los restos excavados de las pescaderías" y otros posibles vestigios que "emerjan".

Las obras "no tienen nada que ver"

Pero a día de hoy, según Joaquín Egea, el transcurso de las obras, promovidas unos 20 millones de euros cofinanciados entre la Junta como titular del monumento y la Fundación La Caixa como adjudicataria de su gestión y que aportaría inicialmente unos once millones de euros para las actuaciones; "no tiene nada que ver" con lo firmado en diciembre de 2017.

En ese sentido, señalaba principalmente las fisuras o grietas detectadas en el Hospital de la Caridad desde el inicio de las obras de las Atarazanas, la limitación de las excavaciones arqueológicas a una sola de las dos naves inicialmente previstas y la reducción de la profundidad de la excavación, de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros.

A su entender, estas situaciones y las infografías que muestran "veladores dentro de las Atarazanas, convertidas en un gran bar"; deberían haber contado con "una gran repercusión", pero "las fuerzas económicas siguen mandando en la ciudad". La Junta de Andalucía, por cierto, aprobaba recientemente una flexibilización administrativa para agilizar una ayuda excepcional de 1,5 millones de euros concedida por la Administración andaluza a la Fundación La Caixa, para cubrir el "sobrecoste" surgido en la ejecución del proyecto de rehabilitación de las Reales Atarazanas.

Egea criticaba así que las "fuerzas políticas y la ciudad callen" ante la evolución del proyecto, lamentando la ausencia de respuestas a las preguntas de Adepa sobre si ha pesado alguna "reforma o no" respecto al proyecto definitivo consensuado con los conservacionistas y autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio en 2021.