La
Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla una "
evaluación exhaustiva que abarque todas las ofertas turísticas" ya que "
implementar medidas restrictivas únicamente en una forma de alojamiento turístico podría ser considerado
desproporcionado y contrario a las normativas actuales". "
Es esencial no limitar el análisis únicamente a las viviendas destinadas al turismo, sino considerar todas las formas de alojamiento dentro del sector", ha apuntado.
Así se recoge en el escrito de
aportaciones enviado por la asociación, y consultado por Europa Press, al
Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico del Consistorio hispalense, que abrió una consulta pública, cuyo plazo termina este lunes, "con el único objetivo de ganar tiempo para que, en el momento que el
decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor, el Ayuntamiento pueda implementar las
medidas oportunas para la limitación en su caso de las viviendas con fines turísticos".
En dicho documento,
AVVA ha calificado de "innecesaria" una "nueva restricción", apuntado a la "existencia de medidas similares ya implementadas", en alusión a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (
PGOU) de Sevilla que "ya establecía
medidas restrictivas para las viviendas destinadas al turismo en todo el término municipal de Sevilla". Esta modificación fue
recurrida por la Agencia de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Junta, y por la propia AVVA, pero no se fijaron medidas cautelares.
Para la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, "la introducción de una
nueva limitación carece de justificación práctica, dado que las regulaciones previamente establecidas aún no han tenido tiempo suficiente
para ser evaluadas en su efectividad y eficacia". "Sería más prudente y sensato -continúa-
evaluar la implementación y el impacto de las medidas ya vigentes antes de considerar la adición de nuevas rectricciones".
En esta línea, AVVA ha calificado de "crucial" que la Administración "proporcione una
clarificación detallada sobre los nuevos objetivos que se buscan alcanzar con esta eventual normativa adicional". "Esta transparencia resulta esencial para comprender la lógica y la necesidad subyacente tras la propuesta de esta regulación adicional en un ámbito que ya está sujeto a disposiciones normativas establecidas a nivel autonómico y local", ha argumentado en su escrito.
La asociación da un paso más y considera que ante el panorama normativo actual,
"una posible vía alternativa para abordar esta situación sería adoptar una postura
más flexible y permitir el uso de las
viviendas con fines turísticos sin restricciones en todas aquellas
áreas de Sevilla donde
no se haya demostrado de manera fehaciente una
saturación turística".
Propone para ello "una
adaptación en las restricciones existentes, permitiendo el desarrollo de viviendas con fines turísticos
en zonas donde la demanda no haya alcanzado niveles críticos. Esto permitiría una
mayor libertad en la gestión de estas viviendas al mismo tiempo que se mantiene un
equilibrio entre el
turismo y la
vida residencial de la ciudad".
La postura de los grupos municipales
En el caso de los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, tanto el
PSOE como Con Podemos-IU han confirmado a preguntas de Europa Press que ellos harán
aportaciones al texto que presente el Ayuntamiento una vez se cierre la consulta pública. En el caso de
Vox, fuentes de la formación han señalado que
están "pendientes a lo importante, que es el decreto de la Junta".
No obstante,
Podemos Sevilla sí ha remitido como formación un escrito con sus aportaciones a la consulta municipal. En ella, se aboga por la
suspensión durante cuatro años de la concesión de nuevas licencias; la puesta en práctica de
recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter progresivo, en función del número de viviendas de la entidad propietaria de las mismas; y el impulso de la "
desprivatización de viviendas con fines turísticos a cambio de un justiprecio sobre sociedad propietarias de diez o más inmuebles en zonas tensionadas, incorporando los inmuebles obtenidos al parque público de Emvisesa para dedicarlos a alquiler accesible para jóvenes.
Además, aboga por que en las
ordenanzas se recojan
sanciones a los propietarios cuyos inquilinos "interrumpan el derecho al descanso del vecindario" y por que se tipifique y regule el "acoso inmobiliario" como "toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal y familiar hostil o humillante".
El recurso a la moficiación del PGOU
En
noviembre de 2022, la
Agencia de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, confirmaba su
recurso contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (
PGOU) de Sevilla con la que el Ayuntamiento hispalense
regulaba desde junio de 2022 las
viviendas turísticas de manera que éstas tienen la consideración de
servicio terciario, lo que implica que están sometidas a las
mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos.
El recurso alegaba que la nueva regulación impone "
graves restricciones de acceso -de forma injustificada y desproporcionada-, conculcando los principios básicos de la Ley de garantia de unidad de mercado y jurisprudencia de la UE, contraviniendo, además, el interés general". Dichas restricciones
"injustificadas" son "
verdaderas barreras artificiales de entrada, cerrando de facto el mercado a favor de las empresas incumbentes, de ahí su gravedad", explicaban desde la Consejería de Hacienda.
El recurso de la Junta se sumaba al que ya formalizó también la
Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), que alegaba que el Ayuntamiento
"no tiene potestad para imponer requisitos y regular nuevas condiciones para la implantación de las viviendas con fines tutísticos en tanto solapa y aborda competencias legislativas autonómicas que no le son propias en materia de turismo". Asimismo, la AVVAPro entendía que la modificación "supone una
clara vulneración a los principios de buena regulación:
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia".
