La
Fiscalía de Sevilla ha resuelto
archivar las diligencias correspondiente a la
denuncia de la plataforma Barrios Hartos, por las persistentes
interrupciones en el abastecimiento energético en diversas barriadas desfavorecidas de la ciudad hispalense, en los mismos términos de su
decisión previa de archivar la denuncia inicial de 18 vecinos del Polígono Sur contra Endesa. En este primer caso, el Ministerio público descartaba
ya cualquier delito y, en
paralelo, acordaba deducir testimonio del asunto al Ministerio de Industria y la Consejería del mismo ramo, "para que
evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras".
Así, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, esta
segunda denuncia habría sido archivada aplicando
los criterios que motivaron la denuncia inicial de los mencionados 18 vecinos del Polígono Sur.
Sobre la mesa, una vez más, las
continúas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, toda vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden además en otras barriadas desfavorecidas como Su Eminencia o Torreblanca.
Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, "al menos el
85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con
enganches", es decir con
acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación.
No obstante, l
os colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas.
EL VERANO CRÍTICO DE 2022
En cualquier caso, tras tocar techo la situación en el
verano de 2022 a cuenta de los episodios de calor extremo, Endesa emprendió la instalación de
12 nuevos centros de transformación en las zonas afectadas por esta situación, para solucionar estos fallos en el abastecimiento energético, señalando eso sí la escasez de contratos de abastecimiento energéticos en vigor en las zonas afectadas por esta problemática.
En ese marco, la portavoz de la
Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, Rosario García, y el abogado Cristóbal Raéz explicaban que la
denuncia inicial formalizada ante la Fiscalía se dirigía contra Endesa y estaba firmada por
"18 vecinos" del Polígono Sur con contratos de suministro eléctrico en vigor y "al corriente" de sus pagos; exponiendo que la idea era que el Ministerio Público dilucidase si los "incumplimientos de contrato" derivados de las mencionadas interrupciones de energía
pueden derivar en algún tipo de "ilícito", a cuenta de los "graves perjuicios" sufridos por estas personas al carecer de energía.
Y es que como avisaban, se trata de una situación, la
concatenación de fallos en el suministro energético de "horas" o "días" de duración, que "se prolonga bastante tiempo", pues la problemática se remonta a "años" atrás.
NO ESPECIFICABA "TIPO PENAL" NI "PRINCIPIO DE PRUEBA"
En ese sentido, la
Fiscalía de Sevilla indicaba en su resolución de archivo, que "la denuncia
no ha indicado en qué tipo penal pudieran incardinarse los cortes de suministro eléctrico denunciados"
ni aporta "principio de prueba" respecto a que las incidencias deriven exclusivamente de un déficit de inversiones y mantenimiento de Endesa. Al punto, el Ministerio Público explicaba que aunque la denuncia alegue que Endesa esgrime los cultivos de marihuana como "meras estrategias de autojustificación", "es un hecho que no dejan de producirse intervenciones policiales de este tipo de plantaciones, que son foco de enganches ilegales y que exigen abundante suministro de energía eléctrica".
Además, la Fiscalía agregaba que si bien la denuncia señala la
supuesta vulneración de derechos constitucionales, no precia los "elementos configuradores de tales delitos. "La invocación de derechos constitucionales y especialmente fundamentales permite a los solicitantes
presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales en los órdenes Contencioso Administrativo y en su caso Civil. Tal fue el cauce elegido por otro colectivo de afectados por los cortes, que reclamaron en el orden Contencioso Administrativo
solicitando medidas cautelares que les fueron estimadas judicialmente, logrando el restablecimiento del suministro eléctrico", señalaba el Ministerio Público.
Por eso, la Fiscalía
acordaba la "conclusión y archivo" de las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia, pero como en paralelo consideraba que "no puede descartarse que existan incumplimientos por parte de Endesa", ordenaba "deducir testimonio de las presentes diligencias para su remisión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como a la Consejería de Industria, Comercio y Minas de la Junta de Andalucía, para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y demás que resulten procedentes".
