Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) --PP, Cs, Unidas Podemos y Vox-- han votado en contra de continuar el procedimiento que adjudicaría el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad de 2023 a 2033, que ha presentado este jueves al Pleno el gobierno local socialista. La postura "pone en riesgo la estabilidad de la plantilla y la prestación del servicio", dado que en junio culmina el periodo de vigencia de la actual empresa.

Esta postura de la oposición "afecta a la estabilidad laboral de los trabajadores, que ahora cuentan con un horizonte laboral de seis meses cuando el nuevo contrato les garantizaba diez años. El pliego incluía que la empresa ganadora absorbía a la plantilla, ha puntualizado el Consistorio en una nota de prensa.

El gobierno local mairenero ha tachado de "irresponsable y temeraria" la decisión adoptada, que "evidencia el desconocimiento del fuerte impacto negativo" no solo para los empleados, sino para la ciudadanía, que "reclamaba una mejora de este servicio". La "inesperada coincidencia de PP y Vox con Unidas Podemos genera un bloqueo ante el cual el gobierno local redoblará esfuerzos para superarlo, dado que por encima de todo se encuentran las condiciones de vida de los vecinos".

Esta preocupación por la mejora del servicio motivaba que el nuevo pliego de condiciones incluyeran "numerosas ventajas y mejoras" respecto a las que se realizan hasta junio de 2023. Con el voto de la oposición "ya no se ampliará" el servicio de retirada de muebles y enseres voluminosos, ahora de lunes a viernes, al sábado, incluso con la posibilidad de que también se preste el domingo como mejora optativa que iban a tener los licitantes. Las mismas condiciones se establecían para los residuos de podas y restos vegetales.

El nuevo contrato iba a incorporar la recogida, reciclado y destrucción de papel en los edificios municipales, y también en los centros educativos de competencia municipal, como colegios y escuelas infantiles. Asimismo, estaba prevista la recogida de residuos domésticos peligrosos de competencia municipal.

Otra novedad que no se aplicará es la obligación de la empresa ganadora de sufragar una auditoria para verificar la calidad del servicio a través de una empresa externa, que elegiría el Ayuntamiento. Asimismo, las empresas licitantes debían incluir en sus propuestas mejoras en las condiciones de trabajo, entre ellas, cláusulas sociales para la plantilla.

Una de las novedades de mayor incidencia ciudadana y que ahora corre riesgo es la colocación del quinto contenedor, o contenedor marrón, como establece la Ley de Residuos. En él, deben depositarse los biorresiduos que generan los hogares, de forma que el contenedor gris quedará para lo que se denomina fracción resto o no biodegradable. Estos contenedores deben estar colocados en enero de 2024.

Unidas Podemos pide recuperar su gestión

Después de que el pleno haya tumbado el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y los pliegos diseñados para su nueva licitación, Unidas Podemos ha defendido su voto negativo exponiendo su reivindicación de recuperar la "gestión" directa de este servicio y que no esté "privatizado".

Fue en la primavera de 2013, recordémoslo, cuando el entonces Gobierno local del popular Ricardo Tarno, con el voto favorable de PP y PA y el rechazo de PSOE e IU, acordó la contratación externa de este servicio hasta ese momento prestado directamente por el Ayuntamiento.

Esta externalización, que supuso un conflicto con la plantilla de este servicio, fue entonces adjudicada a la empresa Recolte, con la subrogación de los 19 empleados municipales que estaban adscritos al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Ahora, tras tumbar el pleno el nuevo expediente de licitación promovido por el actual Gobierno local del PSOE, el Gobierno local socialista ha acusado a la oposición de "poner en riesgo la estabilidad de la plantilla y la prestación del servicio", dado que en junio culmina el periodo de vigencia de la actual empresa.

Esta postura de la oposición "afecta a la estabilidad laboral de los trabajadores, que ahora cuentan con un horizonte laboral de seis meses cuando el nuevo contrato les garantizaba diez años. El pliego incluía que la empresa ganadora absorbía a la plantilla, ha puntualizado el Consistorio en una nota de prensa", señalan los socialistas.

Unidas Podemos, que ha votado en contra, explica su posicionamiento señalando que defiende "la gestión directa de los servicios municipales".

"Creemos que privatizar un servicio público sale más caro para la ciudadanía o empeora las condiciones sociales y económicas de los trabajadores del servicio público, o ambas cosas" a la vez, indica la coalición de izquierdas.

El grupo mairenero de Unidas Podemos precisa eso sí que no tiene "nada en contra de las empresas privadas", pero no apoya que las mismas estén encargadas de "gestionar lo público, porque el beneficio empresarial no debe salir de la gestión pública, ni para la sanidad ni la educación ni para la recogida de residuos sólidos urbanos".