Los médicos de la sanidad privada de Sevilla han fijado el 23 de enero de 2023 como fecha de inicio de sus movilizaciones para reclamar la "actualización de las retribuciones congeladas durante tres décadas y adecuarlas al Índice de Precios al Consumo (IPC) actual".
En este sentido, el Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médicos de Sevilla (SMS) han celebrado una asamblea extraordinaria para informar a todos los colegiados que ejercen en la sanidad privada o mixta, de las acciones que emprenderán en demanda de la actualización de sus salarios, según informa el órgano colegial en un comunicado.
Esta iniciativa responde a las "numerosas quejas y muestras de descontento" que han hecho llegar al Colegio de Médicos los facultativos, "preocupados por la falta de actualización en los honorarios retributivos por parte de las compañías aseguradoras sanitarias, lo que está repercutiendo en la seguridad de los pacientes y en la calidad de la atención ofrecida en ese ámbito de la sanidad".
De esa forma, el Colegio de Médicos, junto con el SMS, han establecido un calendario de protestas que comenzarán el día 23 de enero, "ante la falta de acuerdo por parte de las compañías aseguradoras hasta esa fecha". Además, el presidente del órgano colegial, Alfonso Carmona, ha señalado que "espera recibir también el respaldo y el apoyo de los profesionales que trabajen en otras provincias andaluzas, sumándose también a estas movilizaciones".
Carmona ha indicado la hoja de ruta prevista y ha señalado al respecto que las primeras movilizaciones afectarán "únicamente a las citas en consultas de todas las especialidades y de todas las compañías, lo que excluye por completo a las intervenciones quirúrgicas, por el momento". Además, ha explicado que "los servicios de urgencias funcionarán con total normalidad".
El Colegio de Médicos de Sevilla y el Sindicato Médico de Sevilla esgrimen que no haber tenido en cuenta los incrementos del IPC, "ha supuesto una pérdida del 145% de las retribuciones de los profesionales de este sector, en un contexto, además, de insoportable y elevada inflación, aumento de los costes energéticos y del salario mínimo de los empleados",
Ambos organismo han expresado la "confianza en el papel mediador de la Administración andaluza en este conflicto", que no tiene otro fin que "garantizar la calidad y la viabilidad de la asistencia sanitaria pública y privada en nuestra provincia y, en último término, en el conjunto de Andalucía".
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