La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, recibió a principios de marzo el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario, redactado por un comité de supuestos expertos y en el que se recogen las sugerencias de éstos en materia de fiscalidad, con el pretendido objeto de modernizar el sistema tributario nacional. Traduzcan el eufemismo “modernización” por una mayor presión fiscal en el futuro y ya se harán una idea muy aproximada de en qué consiste el dichoso librito.
En la nota oficial del Ministerio se subraya que “la ministra ha puesto en valor la labor de los expertos, que han trabajado sin interferencias del Gobierno y con absoluta independencia”.
Sin embargo, José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, ha revelado que por primera vez en la historia de este tipo de comités un director general del propio Ministerio interesado formaba parte del mismo y además como secretario para dar fe de lo tratado, lo que hacía presuponer la naturaleza de las recomendaciones que se formularían.
Dos de los iniciales 19 expertos dimitieron por no poder soportar el dirigismo político que en el seno del comité se respiraba, fruto del cual ha salido un informe suscrito por sospechosa unanimidad a la búlgara, sin un solo voto particular como en anteriores documentos de esta naturaleza.
IVA y compañía
Los expertos a la medida de Hacienda proponen, salvo alguna medida populista como nuevas deducciones para salarios bajos y por hijos menores, subir el IVA y reducir parte de sus beneficios fiscales, y mantener el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones -creo recordar que en Europa sólo hay dos países, aparte de España, que aún los mantienen-. Y, por supuesto, una nueva batería de tributos, como sobre los billetes de avión, sin tener en cuenta el impacto sobre el turismo, motor de nuestra economía. La aplicación de estas propuestas podría costar unos 50.000 millones de euros a los contribuyentes.
Al catedrático Sanz le resulta sospechoso que sólo el 7% del Libro Blanco esté dedicado al IRPF e IVA, que suponen el 85% de la recaudación, mientras que a los impuestos patrimoniales, que aportan poco más de 3%, se les dedica el 15% del espacio, lo cual invita a pensar en directrices del Gobierno.
Y que mientras se defiende una armonización fiscal patrimonial entre las Autonomías se olvida hablar de la asimetría que suponen los regímenes forales del País Vasco y de Navarra donde, casualidad o coincidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene parte del apoyo político que le permite mantenerse en el Poder.
Eficiencia en el gasto
Es recurrente que cada vez que se hable de reforma tributaria sea para incrementar la presión fiscal e inventarse nuevos impuestos y que a ningún ministro se le ocurra encargar un Libro Blanco sobre cómo ahorrar gasto público para así no tener que seguir friendo con más tributos a los sufridos contribuyentes.
Por eso no ha podido ser más oportuno el posterior informe sobre Eficiencia del Gasto Público en España, presentado por el Instituto de Estudios Económicos y según el cual bastaría con mejorar la eficiencia en el gasto de las Administraciones para ahorrar 60.000 millones de euros sin que se resientan los servicios públicos.
Con un nivel de eficiencia del 74,4, España ocupa el puesto 29 entre los países de la UE y la OCDE, donde la puntuación media es de 98,6.
Pero antes de evaluar y reformar las Administraciones para recortar gastos innecesarios y duplicidades la única receta de Hacienda para la “modernización” consiste en subir o/y crear impuestos.
El Balance
Contrasta con las recetas de los expertos de María Jesús Montero el balance que de sus seis años y medio como alcalde de Sevilla hizo Espadas antes de su dimisión en diciembre de 2021. Según el hoy líder del PSOE(A), durante su mandato se generó un modelo fiscal progresivo, justo y social que se fue consolidando adecuándolo a las circunstancias de cada año.
Como resultado, siempre según el líder socialista, Sevilla es hoy una de las grandes ciudades con una menor presión fiscal para hogares y pequeñas y medianas empresas si se analizan uno a uno todos los tributos y todas las tasas. Y una de las capitales con un mayor volumen de bonificaciones, prestaciones sociales y medidas dirigidas a la generación de empleo y actividad económica.
En sus seis años y medio, el coeficiente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) disminuyó en un 16% y al mismo tiempo se actualizaron los valores catastrales. Balance: una vivienda media con un valor catastral en el año 2015 de 500.000 euros pagaba entonces 403 euros de IBI. Hoy, esa misma vivienda paga 382,4 euros. Es decir, el IPC ha subido en estos años pero el IBI no sólo no ha subido para las familias sino que ha descendido en 20 euros para una vivienda media.
El ICIO, un impuesto vinculado a la construcción y a la actividad económica, bajó en un 16% en sus seis años y medio de mandato. Haciendo un cálculo de una obra media por un valor de 6.000 euros (una reforma doméstica o una actuación menor empresarial) en Sevilla se pagan 195 euros, hasta 50 euros menos que en Madrid, Málaga o Zaragoza.
Ninguna familia arrendataria de una VPO o de una vivienda social en Sevilla paga el IBI. Antes lo pagaban miles de hogares. Y por decisión de Espadas hay una bonificación del 95%.
En el impuesto de plusvalías hubo una reducción de supuestos y del tipo impositivo del Impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: el más bajo de las grandes ciudades.
Siempre según Espadas se congelaron con carácter general las principales tasas y precios públicos, como la tasa de basura y se aprobó un programa de bonificaciones por generar empleo y actividad económica. Por ejemplo, un crédito fiscal con 250 euros por empleo creado.
Asimismo, para combatir los efectos de la pandemia hubo reducciones en las tasas y precios públicos: basura, veladores, concesiones…
Resultado
Esta heterodoxa política de Espadas de reducción de la presión fiscal, contraria a la doctrina del comité de expertos de María Jesús Montero de subir y/o crear nuevas figuras impositivas, debería haber tenido como efecto la ruina del Ayuntamiento por la esperable menor recaudación para las arcas municipales. Y, sin embargo, siempre según el balance del propio Espadas ha ocurrido esto tras sus seis años y medio de mandato:
-Se ha cumplido la regla de gasto y Sevilla ha sido ejemplo en el respeto a las limitaciones establecidas desde el Gobierno central en cuanto al gasto público a nivel estatal, hasta que en 2020 se eliminó esta restricción. Se ha ejecutado el presupuesto cada año al máximo de las posibilidades legales de cada ejercicio.
-Se ha mantenido la estabilidad presupuestaria y los remanentes de tesorería positivos durante los distintos ejercicios, con la salvedad del año 2020. Además Sevilla fue capaz de reutilizar el superávit en 2020, en cuanto lo permitió la normativa.
-Se ha reducido el endeudamiento del Ayuntamiento. En 2014 había 443 millones de euros de deuda. El ejercicio 2020 se cerró con 237 millones. Al cierre de esta etapa habrá descendido en más de 200 millones de euros. El endeudamiento está por debajo de muchas de las grandes ciudades comparables con Sevilla, como Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza.
Gasto público
La menor presión fiscal no ha impedido incrementar el gasto público:
-En el año 2015 el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, sus empresas municipales y organismos autónomos ascendía a 895 millones de euros. El presupuesto de 2022 asciende a 1.072 millones. Ha crecido casi un 20% en estos seis años y medio.
-En el año 2015 la inversión pública que recogía el presupuesto era de 43,5 millones de euros. Este año 2022 la inversión asciende a 119 millones de euros. Se ha multiplicado por tres.
-En 2015 el gasto en políticas sociales y de empleo del Ayuntamiento era de 70 millones de euros. Hoy Sevilla es la gran capital con un mayor gasto social por habitante, con un volumen de 100,3 millones de euros. Ha crecido en seis años un 42%.
-En 2015 la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, que tiene una responsabilidad como motor económico de la ciudad, cerró el año con 12,6 millones de euros adjudicados. En 2021, a fecha 1 de diciembre, superó los 71 millones de euros. Se ha multiplicado por siete.
En el PSOE hubo un debate interno sobre si María Jesús Montero debía ser la alcaldable en 2023 en lugar de Antonio Muñoz, pero a la vista del balance de Espadas sin necesidad de subir la presión fiscal habría que preguntarse si no debería ser él el ministro de Hacienda en lugar de María Jesús Montero.
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