La portavoz de Adelante en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, a la vez secretaria general de Podemos Sevilla, ha propuesto al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que envíe una carta oficial al Gobierno andaluz de PP y Cs en demanda de "una respuesta urgente" a la reivindicación de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936; pesando al respecto un acuerdo plenario que reclama tal extremo y la ley andaluza en la materia, que para ello necesita un desarrollo reglamentario según el actual Gobierno autonómico de PP y Cs.
Mientras recientemente Muñoz recordaba que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, había señalado que su hermandad espera la entrada en vigor de la nueva regulación nacional en materia de memoria histórica, en relevo de la de 2007, y el diseño de su desarrollo reglamentario, para aplicar la futura nueva normativa si procede en el caso de la citada tumba; Susana Serrano ha considerado que el alcalde "no puede mantenerse por más tiempo al margen de esta humillación sistemática" implícita en la citada tumba en un espacio de culto religioso.
En ese sentido, ha propuesto al primer edil que se dirija por escrito al Gobierno andaluz, competente en materia de memoria democrática, en demanda de "una respuesta urgente incoando el procedimiento para la exhumación de Queipo de Llano, en cumplimiento de la Ley de Memoria aprobada en el Parlamento de Andalucía; y que, en caso necesario, el Consistorio realice la ejecución subsidiaria del mismo", toda vez que la Junta viene alegando que para ello sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica.
Como avisa Serrano, que prevé elevar el asunto al pleno ordinario del jueves de esta semana, "mantener a un genocida enterrado con honores en un lugar tan emblemático es una ofensa diaria a los familiares de los sevillanos asesinados bajo sus órdenes".
Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.
Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
El papel de la Junta
En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares".
Pero más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
Por aquella época, el pleno del Parlamento andaluz rechazaba una proposición no de ley (PNL) destinada a reclamar que la Junta de Andalucía pidiese a la hermandad de la Macarena la retirada de la tumba de Queipo de Llano, al votar en contra el PP, Cs y Vox.
Casos diferentes
En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que median "palmarias diferencias" entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un "lugar privado de uso público".
Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está "dictada", sin un "reglamento que la perfeccione", no pesa sobre la hermandad "ninguna obligación de sacar" como tal los restos del militar.
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