Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha informado de que durante 2021, la Policía Local hispalense ha acometido 4.450 actuaciones de control sobre los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, dictando un total de 476 denuncias por diversas infracciones.

En concreto, durante la sesión, la concejala de Adelante Eva Oliva (IU) ha recordado el debate suscitado sobre el futuro de la movilidad en la ciudad, en un contexto en el que la provincia contabilizaba al comenzar enero 2.349 licencias de taxi y 455 licencias de VTC, según el recuento mensual del Ministerio de Transportes recogido por Europa Press.

Ello, en un marco en el que la Junta de Andalucía aprobaba tiempo atrás un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.

Principalmente, el decreto incorpora la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.

En paralelo, la Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.

Y es que en septiembre de este año finaliza el plazo estipulado por el real decreto Ley de 2018 por el que el Gobierno central trasladaba la gestión y regulación de VTC a las autonomías y ayuntamientos, para que los mismos regulasen las características y condiciones de dicho servicio en sus respectivos territorios.

Petición a la Junta

En ese sentido, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.

Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.

En ese marco, la edil Eva Oliva ha pedido información sobre la mesa de seguimiento correspondiente a la confección de la futura ordenanza municipal reguladora de los VTC en Sevilla capital, avisando de "incumplimientos" en los controles a este tipo de vehículos y considerando que media un incremento de sus infracciones por diversos aspectos.

Pendientes del "marco" autonómico

El responsable municipal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha explicado que antes de la elaboración de la ordenanza municipal, "corresponde a la Junta de Andalucía establecer un marco normativo autonómico a partir del cual" los ayuntamientos diseñarán sus ordenanzas locales. "Hasta que dicho marco no esté definido, carece de sentido una mesa de seguimiento" para la futura ordenanza municipal, ha dicho.

Empero, ha recordado que el Ayuntamiento ha licitado un "análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi" y de los vehículos de transporte concertado, así como de "rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la potenciación de los taxis" para avanzar en la materia, defendiendo la idea de "proteger" al sector local del taxi frente a la "invasión" de los VTC, aspecto en el cual ha recordado que el Ayuntamiento reclama también que la regulación autonómica fije para dicho servicio un periodo mínimo de precontratación de 30 minutos.

En cuanto a las inspecciones, ha defendido que la Policía Local hispalense cuenta con una "unidad específica" en la materia, precisando que en 2021, los agentes acometieron 4.450 inspecciones sobre los más de 400 VTC que operan en la ciudad, una labor saldada con un total de 476 denuncias por aspectos como el uso indebido de los carriles reservados al transporte público, la captación aleatoria de clientes, circular por "zonas restringidas" o carecer de la obligatoria hoja de reclamaciones.